“Venimos a pedir juicio político por exceso de poder en sus funciones y tendrán que asumir sus consecuencias, cada quien en su responsabilidad”.
José Murat
El excéntrico y controvertido gobernador de Oaxaca, José Murat, está pidiendo al Congreso de la Unión que haga un juicio político al procurador federal, Rafael Macedo de la Concha por “haber ejercitado acción penal por delitos inexistentes” y por “exceso de poder” (¿?).
¿Tiene realmente este juicio la posibilidad de fructificar? En realidad es imposible saberlo. Los juicios políticos tienen todo de política y nada de juicio. Lo que vale son los votos que se obtengan en el Congreso mas no los méritos del caso.
En este proceso en particular Murat tendrá problemas incluso para conseguir todos los votos del PRI en el Congreso. A los legisladores priistas les encantaría destituir a Macedo o a cualquier otro miembro del gabinete presidencial, simplemente para dificultar la labor del presidente Fox.
Pero los propios priistas conocen las inconsistencias del supuesto atentado contra Murat. Están muy conscientes además de lo “errático” —por decirlo de alguna manera— del comportamiento del gobernador de Oaxaca. Muy pocos querrán tomar esta causa como el pretexto para plantear un juicio político del procurador. Los perredistas también querrían hacerle un juicio político a Macedo de la Concha.
Esto sería en venganza por el intento de la PGR de desaforar al jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia de su desacato ante un fallo judicial en el caso de El Encino. Una nueva razón es la decisión de la PGR de citar a Andrés Manuel a declarar en un caso laboral en que también se le acusa de desacato. Una alianza entre el PRD y el PRI podría, es cierto, obtener los votos suficientes para enjuiciar políticamente al procurador.
La pregunta es por cuál de los dos casos se entablaría este procedimiento. Difícilmente podrán ser los dos. El caso elegido será visto, cuando menos por una parte de la opinión pública, como una exoneración del político agraviado por el procurador. Pero el PRD y el PRI difícilmente llegarán a un acuerdo para definir cuál sería el caso, el de Murat o el de Andrés Manuel, por el cual se juzgaría a Macedo.
¿Demuestran estos casos que Macedo está usando a la PGR como arma para golpear a los enemigos políticos del Gobierno? Sería más fácil suponer esto si no fuera porque la PGR está procesando también a dos importantes ex funcionarios del Gobierno panista de Morelos por presunta vinculación con el narcotráfico: el ex coordinador general de la policía ministerial, Agustín Montiel y su ex coordinador operativo, Raúl Cortez Galindo.
Es verdad que la PGR no ha extendido la acusación al gobernador panista Sergio Estrada Cajigal, pero el encarcelamiento de Montiel ha llevado ya a la renuncia del procurador morelense, Guillermo Tenorio y al inicio de un juicio político en contra de Estrada. La verdad es que uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones de la Procuraduría, pero hasta este momento no parece justificarse la acusación de que está actuando como instrumento político del Gobierno.
Las irregularidades en el supuesto atentado contra Murat fueron evidenciadas en los medios de comunicación desde el día siguiente del atentado. Nadie niega que haya una decisión de un juez, avalada en apelación por un tribunal colegiado, que determina que López Obrador desacató una orden judicial.
El caso en contra de Agustín Montiel y Raúl Cortez se basa, hasta donde se sabe, en declaraciones de testigos protegidos, en general poco confiables, pero el juez consideró el caso de la PGR suficientemente fuerte como para dictarles auto de formal prisión a los dos ex funcionarios morelenses.
Independientemente de si las acciones de la PGR son o no políticas, la subordinación de la Procuraduría General a la Presidencia de la República y la de las procuradurías estatales a los Gobiernos de cada entidad genera cuestionamientos automáticos a su función. Lo ideal sería aceptar la propuesta, incluida ya en la iniciativa de Reforma Judicial presentada por el presidente Fox al Congreso, de separar definitivamente al Poder Ejecutivo de las procuradurías a través de la creación de fiscalías autónomas. Este sería un paso para darle mayor certeza a la procuración de la justicia en nuestro país.
Tlalnepantla
No se puede cuidar la seguridad pública violando la Ley. El toque de queda que ha establecido el presidente municipal panista de Tlalnepantla, Ulises Ramírez, es una violación a los derechos individuales, en particular al de libre tránsito. México no puede aceptar que, para paliar las insuficiencias de los municipios en la lucha contra la delincuencia, se violen los derechos humanos.
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