“¿Por qué un juicio público? Porque es importante en una democracia que los ciudadanos tengan confianza en sus tribunales”.
James H. Manan
un viejo principio legal internacional establece que las investigaciones deben ser privadas y los juicios públicos. En México, no obstante, ocurre exactamente lo contrario: las investigaciones se hacen públicas a fuerza de filtraciones y los juicios se tornan secretos a golpe de prohibiciones.
Hay buenas razones para respetar ese viejo principio legal. Las investigaciones deben ser privadas para no afectar la fama pública de sospechosos contra los cuales no hay pruebas y para no alertar a posibles responsables de delitos. Los juicios, en cambio, deben ser públicos porque ésta es la única manera de garantizar su limpieza e imparcialidad.
En México, sin embargo, estamos yendo en sentido contrario. Hasta hace algunos años había cierto acceso a los expedientes de nuestros juicios escritos (los cuales, por cierto, contrastan con los juicios orales de otros países). Los jueces podían abrir los expedientes de los juicios que llevaban, aun cuando esta facultad era discrecional.
Un juez me decía recientemente que en el pasado solía entregar copias de expedientes interesantes a sus alumnos de Derecho cuando sentía que podían ayudarlos a comprender mejor alguna sutileza legal. Paradójicamente, la promulgación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental —cuyo propósito era abrir la información del Estado a la sociedad— sirvió de pretexto para que el Poder Judicial cerrara las puertas a la transparencia.
La Judicatura Federal determinó que los expedientes de los juicios deberían mantenerse ocultos durante 12 años una vez que las sentencias causaran ejecutoria. Pero ni siquiera este absurdamente largo plazo fue suficiente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a fines de 2003 lo amplió a 36 años. Con esta decisión se anula, para todo propósito práctico, el principio de los juicios públicos en nuestro país.
Algunos miembros del Poder Judicial afirman que la exigencia de abrir los juicios es producto de la testarudez de unos cuantos grupos de activistas. No se percatan de que la apertura es en realidad una condición indispensable para que la sociedad pueda tener certeza de la limpieza y equidad de los juicios. Si no se puede conocer el detalle de lo que ocurre en los juicios y de los argumentos que justifican las sentencias, no hay forma de tener certeza de que éstos se llevan a cabo de manera correcta.
Se ha argumentado, por otra parte, que el secreto es necesario para evitar juicios paralelos en los medios de comunicación. La verdad, sin embargo, es que éstos ya se dan, aunque con mala calidad de información. Al no tener acceso a los expedientes, los medios informativos se nutren de filtraciones de las partes y de especulaciones. La apertura permitiría a los periodistas serios el acceso a todos los detalles de un juicio, de manera que podrían darle una mejor información al público. Se dice también que hay que prohibir la difusión de los expedientes judiciales para salvaguardar la intimidad de quienes están involucrados, como un acusado o una víctima. Pero la única garantía que tiene el acusado o la víctima de que se hará justicia en su caso es el acceso público a los expedientes. Sólo así se enterará la sociedad de una injusticia. Al parecer la Corte está buscando dar a los jueces un espacio para que lleven a cabo sus juicios sin el escrutinio de la sociedad. Quiere protegerlos, aislarlos de los medios de comunicación, incluso en caso de que cometan errores. Pero el resultado no es el de proteger a los jueces sino más bien el de disminuir su credibilidad. Cómo puede la sociedad creer en la capacidad y honestidad de los jueces si no puede tener acceso a los expedientes de los juicios.
Ahora bien, más que proteger a los jueces, el sistema debe defender los intereses de la sociedad. Los gobernados tenemos un legítimo interés por saber qué ocurre en los juicios: si se están respetando o no los procedimientos, si se están cometiendo o no injusticias. Por eso precisamente existe a nivel internacional el principio de los juicios públicos. Pretender mantenerlos en secreto, como busca hacerlo el Poder Judicial, es traicionar a la sociedad.
Juicios y derechos
Estados Unidos ha tenido siempre una tradición de juicios públicos. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, sin embargo, estableció juicios secretos para extranjeros acusados de terrorismo. Esta decisión ha sido recibida con fuertes críticas por la comunidad judicial estadounidense, Los juicios secretos son sinónimo de violación de los derechos humanos. Sólo que en México no son la excepción sino la regla.
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