La justicia laboral en la Región Lagunera de Coahuila, es nave al garete.
El pasado doce de octubre, la renuncia de Raúl Mijares Jiménez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, puso fin a un intento de modernización emprendido por el Gobierno de Coahuila, en el rubro de administración de justicia laboral.
El anterior Presidente de la Junta, Alejandro Cepeda Medina, tenía más de treinta años en el cargo y era parte de una vieja estructura que aunque requería y sigue requiriendo una reforma desde su base, al menos funcionaba.
Durante el régimen de Partido de Estado, el sistema depositaba la impartición de justicia laboral en Juntas de Conciliación y Arbitraje, órganos administrativos encargadas de juzgar en la materia, integradas por un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y un Presidente designado por el Gobierno. En la práctica los Presidentes que deciden el sentido de las sentencias (llamadas laudos), eran nombrados bajo la influencia preponderante de los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México, apéndice del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior aportaba un ingrediente de control político, que hace de la justicia laboral un palo para golpear según convenga tanto a patrones como a trabajadores. La función se ha mantenido alejada del propósito de hacer justicia, ya que de acuerdo al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas fueron creadas como tribunales “de conciencia”, lo que lisa y llanamente quiere decir que al pronunciarse sobre los casos que se les planteen, no están obligadas a ceñirse a lo que la propia Ley diga en materia de apreciación y valoración de pruebas, sino que deben resolver “en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada” es decir, como el Presidente quiera.
Lo anterior es demagogia pura, que explica la permanente incertidumbre que ha enmarcado las relaciones laborales en nuestro país, en perjuicio de la productividad competitiva y como consecuencia, en detrimento del bienestar y la calidad de vida de los propios trabajadores.
Es cierto que las relaciones de trabajo se norman en virtud de una Ley Federal cuya modernización ha sido postergada por la falta de acuerdo legislativo a ese nivel de Gobierno sin embargo, debido a que su aplicación corresponde también al Estado, se esperaba que el Gobierno de Enrique Martínez hiciera por mejorar las cosas, dentro de su espacio de competencia.
Se anunció con bombo y platillo el cambio de las oficinas de la Junta y su equipamiento con nuevos elementos humanos y materiales y se ofreció que a la vuelta de un año se obtendría la certificación internacional de calidad ISO 9001: 2000, por la empresa alemana TUV.
En la práctica, se habilitó a un alto costo una vieja casona ubicada en un lugar inadecuado, que no tiene ni el diseño ni el espacio que requiere la Junta para atender al público.
El Presidente Cepeda Medina fue quitado y en su lugar se puso a Raúl Mijares. La vieja estructura quedó intacta y el cambio meramente cosmético, no fue dotado ni de proyecto ni de rumbo.
El nuevo titular quedó a merced de las circunstancias. Privado de apoyo y carente de voluntad para acometer el cargo, simplemente naufragó junto a la certificación de calidad y el intento modernizador, en medio de la ineptitud del Gobierno, el resentimiento cetemista y la indiferencia del sector empresarial.
El fallido intento es una muestra de que los mexicanos estamos atorados a la mitad del camino, en el proceso de liquidar las viejas instituciones y generar otras nuevas, lo que nos puede dejar sin unas y sin otras.
La Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón quedó acéfala y así permanece. Hoy más que nunca campean los vicios ancestrales pero ya no al servicio del antiguo sistema político que tenía los instrumentos de contención, estira y afloja, sino a río revuelto y como tal, ganancia de pescadores.
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