Día de la Constitución | En 87 años, cerca de 200 modificaciones
Especialistas advierten: es letra muerta
POR MARÍA ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE TORREÓN
COMARCA LAGUNERA.- Las opiniones coinciden: la Constitución Política de nuestro país es teóricamente perfecta pero no se dinamiza en la práctica, por estar sujeta a intereses de carácter político más que los relacionados con el beneficio social.
Conforme la comunidad avanza en aspectos tecnológicos, económicos, tributarios y sociales, es válido que su legislación se adecue a esos adelantos.
En la actualidad, no se puede dejar de considerar que los cambios son acelerados y que no se reducen al ámbito regional o incluso nacional, sino que son de carácter internacional, de ahí que sea común escuchar y hablar acerca de globalización, tratados y frentes comunes de libre comercio.
Para ello, nada más importante que las reformas a la Constitución General de la República, la Carta Magna de la que deriva el resto (tratados internacionales, leyes federales, estatales y municipales con sus reglamentos).
En este sentido, el presidente del Colegio de Abogados de La Laguna, Asociación Civil (CALAC), Alfredo Miranda Castillo, refiere que las reformas a la Constitución revisten un tratamiento especial, pues según lo que establece el Artículo 135, el Congreso Federal debe tomar en cuenta la participación de todas las entidades federativas del país cuando se le practiquen adiciones o modificaciones.
“Tristemente muchas de las reformas que se pretenden hacer por el Congreso Federal son en el aspecto tributario, impositivo, para recaudar fondos, con la idea de obtener del pueblo dinero de donde no lo hay”, expresa.
La realidad es que los jaloneos entre el Presidente y el cuerpo legislativo son ya tradicionales a causa de ello, pero si bien es cierto el Estado necesita recaudar impuestos y la obligación de los ciudadanos es pagarlos, primero se debería ver por la generación de empleos y las inversiones de productividad.
Hasta ahora, según Miranda Castillo, el Estado sigue actuando en orden inverso, contra la lógica y el sentido común, al presionar a la sociedad para “sacarle lo que se pueda” para resolver su problema, cuando no ha sido capaz de dar una solución a la economía del país.
“Como nunca la sociedad se enfrenta a situaciones de desempleo, de carencia de bienes por la falta de insumos en las instituciones médicas y fallas en los departamentos que las conforman; hay corrupción policíaca y los cuerpos están cada vez más involucrados en cuestiones como el “narcomenudeo”... la obligación moral del Estado para recaudar impuestos es válida siempre y cuando éste satisfaga las necesidades sociales de los ciudadanos”, señala.
Alfredo Miranda Castillo refiere que la Constitución surgió a raíz de la Revolución Mexicana por una necesidad del pueblo, pero entonces se trató de adecuar a la realidad, muy distinta a la de hoy. En su contenido, la Carta Magna es teóricamente “bonita” y suena bien, pero no se hace efectivo.
México es uno de los países que ha celebrado mayor cantidad de tratados en el mundo, pero muy pocos han sido aterrizados a la práctica o se utilizan para lo que fueron creados.
Como ejemplo, el presidente de la agrupación menciona el aspecto familiar, en el que existen tratados para la protección de los niños y las niñas de México, pero no existe la infraestructura ni el recurso humano –psicólogos, trabajadores sociales, médicos- necesarios para llevarlo a cabo.
La figura legal de la adopción también demanda mucha atención, dado que hay muchos niños en los albergues pero los trámites para ser asignados a una familia que ya hizo la solicitud están atorados por cuestiones burocráticas.
“Esto no es un problema familiar, sino de seguridad pública a futuro si se toma en cuenta que cada niño que no es atendido es un delincuente en potencia”, advierte.
Los jóvenes que están internados en las casas o albergues, salen al cumplir 16 años pero sin un empleo seguro; en estos casos lo de esperarse es que se vayan a las esquinas a limpiar vidrios o en el peor de los casos, a delinquir.
Ante este panorama, Miranda Castillo considera la necesidad de crear la infraestructura y dotarla de profesionistas aptos cada vez que una Ley contemple determinadas acciones; de lo contrario se convierte en letra muerta.
Por otra parte, indica que están sucediendo cosas que no ocurrían hace 20 años y sobre las cuales se debe legislar, tarea prioritaria para los diputados y senadores del país.
“Recién hubo la denuncia de un abogado que fue golpeado y secuestrado en Gómez Palacio, agredido por cumplir con el ejercicio de su profesión... esto no se debe permitir que suceda en un estado de derecho y debe ser tomado en cuenta por nuestros legisladores”, considera.
“Presa de políticos”
Ricardo Sánchez Reyes, director de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de La Laguna, considera que la Constitución Mexicana es el documento básico, fundamental, para que los mexicanos vivan y se desarrollen en un estado de leyes y justicia.
Hay logros importantes si se toman en cuenta las condiciones que imperaban en el mandato de Antonio López de Santa Anna, cuya Sexta Ley Constitucional establecía departamentos en lugar de entidades federativas y éstos eran gobernados por una persona designada por el Presidente.
Por desgracia, en estos tiempos se ha perdido la idea del constitucionalismo real, de llevar al país por un estado democrático y de derecho, como lo han afirmado tratadistas en Derecho Constitucional.
Al decir de Sánchez Reyes, esto se debe a que la Constitución ha sido presa de políticos y no de constitucionalistas, que han tratado de ajustar las normas a intereses de ciertos grupos o del jefe del Ejecutivo en turno, con lo cual se ha negado al pueblo de México el derecho a tener una Carta Magna acorde a las necesidades sociales.
Según su opinión, la última reforma importante y realmente útil por su sentido de justicia que se practicó a la Constitución fue la del Artículo 115, puesta en vigor a partir de 2000, que confiere mayor autonomía y facultades a los municipios como base de la conformación de la estructura nacional, aunque estos órganos de gobierno aún no son lo suficientemente independientes en el aspecto financiero.
“Mientras prevalezca la fuerte lucha entre el partido político dominante y la segunda fuerza política al interior del Congreso, difícilmente podrán generarse logros en cuanto a reformas sustanciales”, considera.
Aunque la Constitución cumple actualmente con las expectativas de un país moderno, hace falta mayor autonomía municipal y practicar ciertas reformas que incidan en una mayor justicia social.
Tal es el caso del Artículo 123, sobre el que se debe equilibrar la existencia de grupos sindicales u organizaciones de trabajadores con la generación de fuentes de trabajo que permitan una justa distribución de la riqueza.
Otro apartado que requiere de una profunda revisión es el Artículo 27, que hace referencia a la propiedad nacional.
Superada por tratados
En opinión del político, José Reyes Blanco Guerra, la Ley Suprema se elaboró como una especie de copia de la Constitución estadounidense, aunque entonces Venustiano Carranza se resistía a incorporar las garantías sociales en nuestra Carta Magna.
Con casi 200 modificaciones, reformas o “enmiendas” que se le han practicado, constituye letra muerta que ha sido superada por tratados internacionales celebrados en aras de imponer la voluntad o intereses del Ejecutivo en turno, lo que ha traído como consecuencia la pérdida del poder sustancial de la Constitución.
De hecho, afirma que las reformas que se le han practicado han sido en función de los criterios políticos de quien gobierna, desde su visión personal del país pero sin sujetarse a los preceptos constitucionales.
Esto ha provocado que al menos el aspecto de desarrollo político y económico del país esté supeditado a los tratados internacionales que han celebrado los Presidentes de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores.
Paradójicamente, según refiere Blanco Guerra, los tratados han impedido que el país crezca en la generación de su propia tecnología y han dado como resultado una fuerte dependencia de otros países.
87 años después
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó el cinco de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, reformó de manera sustancial la emitida en 1857. En el transcurso de 87 años se le ha practicado un total de 164 reformas. Entre las más recientes figuran:
Fecha en Diario Oficial Fecha de promulgación
29 de septiembre de 2003 27 de septiembre de 2003
12 de noviembre de 2002 8 de noviembre de 2002
14 de junio de 2002 13 de junio de 2002
14 de agosto de 2001 3 de agosto de 2001
21 de septiembre de 2000 21 de septiembre de 2000
12 de abril de 2000 12 de abril de 2000
7 de abril de 2000 6 de abril de 2000
FUENTE: Colegio de Abogados de La Laguna, A.C.
