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MÉXICO, DF.- Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año que culmina se caracterizó por convertirse en el árbitro al que llegaron los principales conflictos que se suscitaron entre el Presidente de la República, Vicente Fox, y la Cámara de Diputados, para que los resuelva y decida cuál de los Poderes en disputa tiene la razón.
Mientras en todo el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo la Corte sólo atendió una controversia constitucional en la que se enfrentaron el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, en 2004 la Corte recibió cuatro juicios de este tipo.
Quien tomó la iniciativa fue el presidente Fox: en tres ocasiones demandó ante la Corte a la Cámara de Diputados. En contraste, los legisladores sólo interpusieron un juicio de controversia contra el Ejecutivo.
El 2004 fue un año en el que las decisiones de la Corte se politizaron y se vieron inmersas en el conflicto de desafuero que se le sigue al jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y que enfrenta a las autoridades del Distrito Federal con la administración federal.
Fue el año en el que el máximo tribunal del país salió a defender públicamente, a través de un desplegado inédito, las decisiones que adoptaron varios de los integrantes del Poder Judicial de la Federación que se vieron involucrados en el caso conocido como El Encino, que culminó con el proceso de desafuero de López Obrador.
Se convirtió en el año en que los ministros del pleno de la SCJN dejaron solo a su presidente, Mariano Azuela Güitrón, para que explicara la reunión que tuvo con Fox, y varios integrantes del gabinete del Ejecutivo, para tratar el tema del desafuero del jefe de Gobierno capitalino.
En un periodo en el que la renovación de tres de sus integrantes se prolongó casi hasta el final. En un lapso en el que la Corte operó incompleta casi de principio a fin.
Fue el año en el que el máximo tribunal del país recabó la opinión de diversos sectores del país, a través de una consulta nacional para realizar una reforma integral del sistema de impartición de justicia.
Exactamente el año en el que también cuestionaron y se opusieron a las iniciativas de reforma en materia penal y de seguridad que impulsó el presidente Fox.
Fue un año en el que la Corte impulsó la corrección y mejoría del reglamento de transparencia del Poder Judicial de la Federación, para lograr que toda la información que manejan sea pública, salvo los casos prohibidos por la ley.
Fue un año en el que los juicios relevantes como el del IPAB o el del Paraje San Juan, iniciados desde 2003, quedaron en la lista de los casos pendientes para 2005.
