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ASUNCIÓN, PARAGUAY.- La crucifixión se ha convertido en este país en un arma de protesta y como un medio para llamar la atención de las autoridades ante denunciados casos de injusticia.
Silverio Flor, de 46 años de edad, padre de cinco niñas, decidió crucificarse ayer temprano en la capital en demanda de fuentes de trabajo para alimentar a su familia.
Con las manos ensangrentadas, atravesadas por dos clavos de 20 centímetros de largo, casi balbuceando, explicó su caso a decenas de periodistas reunidos frente a la Secretaría de Transporte Colectivo del Área Metropolitana (Setama).
“Soy conductor de ómnibus, del transporte público, y junto con 300 compañeros quedamos sin trabajo hace dos meses cuando Setama sacó de circulación a varias empresas de pequeños empresarios, presionada, tal vez, por los poderosos empresarios dueños de otras compañías de colectivos”, dijo.
Agregó que “desde entonces, no tenemos dónde trabajar. El propio presidente Nicanor Duarte conoce de estos malos manejos pero se hace del desentendido”, se quejó mientras era atendido por un paramédico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Sin embargo, Luis María Pereira, director de Setama, aclaró que las empresas de transporte que dejaron de circular “fue, simplemente, porque venció la autorización para explotar ciertos itinerarios y otras líneas de colectivos, incluso, trabajan sin permiso. Estamos ordenando el sector, exigiendo unidades en buenas condiciones y, sobre todo, con póliza de seguro”.
“Analizaremos, nuevamente, la situación de las empresas sin permiso y si tienen buses en buenas condiciones, podrían volver a trabajar”, especificó.
Hace dos semanas, un individuo de 80 años de edad, llegó crucificado al hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), en la periferia de Asunción, “cansado de realizar durante dos años las gestiones burocráticas de jubilación”, explicó.
“Mientras espero que me incluyan en la lista de pensionados, luego de 37 años de aporte mensual al sistema jubilatorio, me moriré”, señaló.
La imagen del anciano sangrando en manos y pies, al parecer, sensibilizó al Gobierno porque el vicepresidente Luis Castiglioni ordenó a los funcionarios de IPS que, de manera urgente, concluyeran con la burocracia y el hombre recibió su retribución monetaria.
Las crucifixiones, como medida de protesta, comenzaron en agosto de 2003 en la penitenciaría Tacumbú, en las afueras de la capital, donde unos ocho reclusos pidieron su libertad recurriendo a los clavos mientras otros cuatro se cosieron la boca con hilo para no ingerir alimentos.
En este caso, de todos modos, no funcionó la reclamación extrema porque los internos tenían proceso judicial actualizado.
