CARACAS, Venezuela.- No los une el amor sino el espanto contra el presidente, Hugo Chávez. Hacen un esfuerzo denodado por mostrarse unidos, pero cuando hablan off-the récord, no sólo aparecen sus diferencias sino sus ganas de ser aquel que algún día reemplace al ex coronel paracaidista devoto de Maisanta y amigo de Fidel Castro, que alquila el principal despacho del Palacio de Miraflores.
En ese baúl político que compone la Coordinadora Democrática (CD) hay de todo y para todos los gustos: de ultraderecha, de derecha, de centro, de centroderecha, de centroizquierda, foquistas, socialistas devenidos socialdemócratas, empresarios de los buenos y de los otros y hasta alguna que otra individualidad que gusta autodefinirse como “independiente”. Allí, como si buscasen resucitar el fenecido Pacto del Punto Fijo, cohabitan al igual que -en lo que el chavismo y cierto sector de la prensa- llama IV República, los socialcristianos de COPEI y la Acción Democrática (AD) los que se fueron alternando en el poder desde 1958 hasta que la bronca social hizo volar por los aires aquel pacto que sus vecinos colombianos alguna vez intentaron copiar con ciertas salvedades. A COPEI pertenece, Enrique Mendoza, el gobernador del estado de Miranda y uno de los que no duda en presentarse como potable candidato a la presidencia si es que logra destronar a Chávez, gracias al liderazgo compartido que ejerce en la CD en virtud de gobernar un estado y varias alcaldías lo mismo que AD.
Con una historia en las luchas sociales, allí cohabita también el sector mayoritario del Movimiento al Socialismo (MAS) fracturado durante la última administración de Rafael Caldera (1994-1998), o el ultraizquierdista Bandera Roja, con varios de sus dirigentes que en cuyo currículum pueden mostrar algunos años en la clandestinidad insurgente. En las reuniones aparecen sentados junto a los jóvenes y emergentes dirigentes surgidos de la clase media alta, que encarnan el proyecto de Primero Justicia, ubicados a ultraderecha y bajo el liderazgo del diputado Julio Borges o la agrupación SUMATE, que corre por derecha y que nacieron a la política al año de que Chávez llegara al poder y ya controlan dos alcaldías en dos zonas residenciales en las afueras de Caracas.
Hay organizaciones no gubernamentales, como Proyecto Venezuela surgidas al calor de la ira contra Chávez o el gremio empresario Fedecámaras, el mismo que prestó al golpista Pedro Carmona Estanga, actualmente en exiliado en Colombia, durante las 48 horas que duró la aventura del 11 de abril de 2002. Los empresarios caminan codo a codo con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) históricamente mancomunada con AD y que pasó a la oposición cuando en 2001 Chávez intentó quedarse con los sindicatos a través de una nueva Ley sindical y presentando listas en las elecciones de las organizaciones sindicales.
La CD vio la luz en octubre de 2001 con el fin de enfrentar al Gobierno que acaba de presentar la Ley vinculante, los 49 decretos por los cuales Hugo Chávez impulsaba una reforma agraria, una nueva Ley de pesca e hidrocarburos y que definitivamente comenzó a dividir al país hasta la peligrosa polarización que vive actualmente.
Con el golpe abortado, por la deserción de muchos de sus participantes al ver cómo Carmona pactaba con el empresariado más proclive al Opus Dei y con un nulo espíritu democrático, los miembros de la CD no cesaron en reclamar la renuncia de Chávez y lograron paralizar el país durante 63 días entre el dos de diciembre de 2002 y el cinco de febrero de 2003. Convirtieron a la industria petrolera, la que tributa 50 por ciento del PIB venezolano y 80 por ciento de las exportaciones, en un conflicto hasta que la industria colapsó. En el mejor de los casos aparecieron como corresponsables de la crisis económica que Venezuela venía arrastrando desde 2001. Carecen de un programa de Gobierno alternativo al de Chávez, pero cuando enumeran algunas medidas a adoptar en caso de ser Gobierno aparecen sus profundas diferencias. No se alejan de las políticas neoliberales unos y para otros PDVSA, la petrolera estatal motor de la economía del país “debe abrirse al capital privado”, tal como ocurrió en Argentina con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con los resultados negativos a la vista.
La CD despierta adhesiones y pasiones en la clase alta y en la clase media hastiada del discurso barroco y las actitudes avasalladoras de Chávez, a pesar de que muchos de ellos le dieron el voto en su momento para alcanzar una perfomance electoral inigualable.
Enrique Salas Romer fue el candidato derrotado en 1998 por Chávez y comparte el liderazgo de la CD con Mendoza. Líder político del estado de Carabobo, que actualmente gobierna su hijo Enrique Salas Feo, reconoció en junio último que el ex candidato admitía que la oposición a Chávez “está formada por un grupo de intereses que nos falta conformarnos a la manera de un partido político, reconociendo autoridades e instituciones”, aunque confiaba en que después de sacar a Chávez de Miraflores “nos organizaremos con elecciones internas si todos están de acuerdo”: Para el analista Alberto Muller Rojas, “la oposición a Chávez hasta aquí está formada por grupos de intereses económicos, de los que no están ausentes algunos medios de prensa. Existen en su seno grupos radicales, tanto de derecha como de izquierda que no pueden ser controlados por la propia CD, que son intolerantes”. Para Muller Rojas, la subsistencia de la CD como tal pasa por un triunfo el domingo. De lo contrario, corren “el riesgo de desmoronarse o de ver morir algunos liderazgos”. O lo que es peor, ver morir la ya trabajada ilusión de la cruzada antichavista, una empresa que no es más que la razón de su existencia.
