Nadie puede negar hoy en día que el PRI perdió la Presidencia de la República en el año 2000 debido a los altísimos niveles de corrupción y de deterioro del tejido social, a que llegó el país bajo el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede negar que el principal aliado panista que apoyó las políticas depredadoras de ese Presidente de triste memoria, fue el actual senador Diego Fernández de Cevallos, quien se ganó el mote de “La Ardilla” por no salir de Los Pinos.
Traigo a colación lo anterior por la actitud hipócrita de muchos priistas y panistas que hoy se rasgan las vestiduras ante los lamentables casos de corrupción que se han presentado en el Partido de la Revolución Democrática. ¡Claro que son deplorables estos casos! Desde luego que ni se justifican ni se deben dejar sin castigo. Pero el burro no puede hablar de orejas, pues todos sabemos que en este país la historia del PRI ha sido una larga historia de corruptelas e impunidades. ¿Acaso los diputados priistas de la pasada legislatura llamaron a juicio político al dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, por el Pemexgate? ¿O al senador Ricardo Aldana? ¿Qué se hizo con la denuncia contra Roberto Madrazo por fraude electoral en Tabasco y por haber gastado en su campaña más de 70 millones de dólares cuyo origen sigue sin aclararse? ¿No causa indignación ver al ex presidente Salinas de Gortari paseándose impunemente y disfrutando de su cuantiosa fortuna producto del saqueo que hizo al Fondo de Contingencia creado por los excedentes de la venta de petróleo y de la famosa Partida Secreta? Ese señor llevó la política mexicana a los sótanos o, peor aún, a las cloacas y para desgracia nuestra, sigue influyendo en el actual Gobierno del presidente Fox, quien se asume en los hechos como heredero del Salinato.
Me queda claro que existen evidencias irrefutables sobre la corrupción de algunos perredistas y no tengo ninguna duda en reconocer que se debe ir a fondo, caiga quien caiga. En el PRD no puede ni debe reproducirse el patrón de la impunidad que se siguió en el antiguo régimen y que el actual régimen panista pareciera estar retomando. Ahí está la diferencia: mientras el PRI, el PAN e incluso el Partido Verde Ecologista de México, encubren, protegen y hasta premian a sus dirigentes y militantes corruptos, en el PRD se ha actuado con rapidez aplicando el Estatuto y la Ley, sancionando a destacadas figuras que se vieron envueltas en el escándalo reciente, dañando al partido y a un importante proyecto político. También se está actuando con firmeza contra los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal involucrados en cuantioso fraude.
No debe parar esto en unos cuántos ceses o suspensión de derechos, pues es fundamental que se agoten todas las líneas de investigación, se detecten y corrijan las menores irregularidades y se establezcan mecanismos e instrumentos lo más seguros posible para evitar que se repitan acciones como las que tanto han dañado al PRD y al Gobierno del DF, pero que, sobre todo constituyen una afrenta a la ciudadanía. Es precisamente a los ciudadanos a los que debe cumplirse y rendir cuentas, son los ciudadanos también los que habrán de notar la diferencia entre el decir y hacer de los distintos partidos y sus Gobiernos. Porque así como el PRI tiene una historia negra y enormes deudas con los mexicanos, el PAN no tendrá calidad moral para juzgar mientras tenga en sus filas presidentes municipales que roban al pueblo asignándose percepciones de 200 mil y hasta 400 mil pesos mensuales o gobernadores que pasean sus amoríos en naves oficiales o mientras no se aclare lo relativo a los Amigos de Fox y la fundación Vamos México.
Pero sobre todo mientras sigua protegiendo a un pillo llamado Diego Fernández de Cevallos, el mayor traficante de influencias en México.
Por todo lo señalado, sin justificar lo ocurrido en el PRD sino por el contrario condenándolo con firmeza, me parece de suma importancia destacar que, al quedar al descubierto que ningún partido está exento de actos de corrupción, lo que procede es llevar a cabo la Reforma del Estado, que garantice una mejor reglamentación del sistema de partidos, orientada a un mayor control y fiscalización de los mismos, para seguridad de los electores y la población en general que no deben seguir siendo defraudados. Lo más grave que puede ocurrir, como resultado de los escándalos político-financieros, es un mayor desencanto hacia la política y los políticos que se traduzca en más abstencionismo electoral.
Esto no es lo deseable, pues se estaría confirmando la tesis de que lo que se pretende es realmente impedir que se siga posicionando en las preferencias de los electores, rumbo a 2006, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien ha reconocido un impacto negativo al darse una baja del 85 al 76 por ciento, producto de la divulgación de los videos que implican a colaboradores suyos en actos de corrupción.
Estoy convencido que en poco tiempo se aclararán muchas cosas, por lo que la ciudadanía no debe perder la esperanza de un cambio. Creo firmemente también que algunos grupos de poder económico de este país y del extranjero, no quieren que el proyecto socioeconómico y político que representa López Obrador se haga realidad en México. Sin embargo, somos los ciudadanos mexicanos los que tenemos la palabra y la posibilidad de construir un proyecto de nación distinto, en el que se logren combinar el crecimiento económico con el bienestar y la justicia social. Esto no lo ha logrado ni lo logrará la derecha que ha gobernado este país los últimos años bajo las siglas del PRI y del PAN, pero sí lo puede lograr la verdadera izquierda con liderazgos como el de Cuauhtémoc Cárdenas y gobernantes como López Obrador. Por ello estoy seguro que pronto las aguas volverán a su nivel y como dijera el propio Jefe de Gobierno, ningún escándalo político “quitará a la gente su derecho a la esperanza”.
