En una respuesta totalmente política, el presidente Vicente Fox decidió el cese del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y del comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa, como consecuencia de sus errores y omisiones que llevaron al linchamiento de tres agentes federales y la ejecución de dos de ellos en Tláhuac. Ebrard y Figueroa difícilmente terminarán su pesadilla con la remoción y es probable que enfrenten cargos penales por negligencia, donde inclusive se les podría fincar el delito de homicidio imprudencial.
El acto de Gobierno de Fox refleja claramente su autoridad en la toma de decisión que, sin embargo, no es salomónica y políticamente, como fue tomada, injusta. Aunque es una buena medida en principio, no resuelve el problema de fondo, que es la deficiente capacidad de los responsables de la seguridad pública para enfrentar la preocupación principal de los mexicanos. El presidente sí es responsable de ello. Nombró como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal a Ramón Martín Huerta, un aliado político de él con muy poca experiencia en las tareas que le encomendó. Invitó éste como comisionado de la PFP a Figueroa, quien pese a su buena carta de servicio en el Estado Mayor Presidencial, tampoco contaba con experiencia de campo en la materia.
Previamente, Fox dejó renunciar sin costo alguno al antecesor de Huerta, Alejandro Gertz Manero, quien es el demoledor de la seguridad pública del Gobierno foxista. Gertz Manero emprendió una cacería contra el pasado. El resultado de su ambición fue que se desarticuló la PFP, perdió su capacidad de inteligencia, hubo una purga de recursos humanos y la experiencia emigró. Los linchamientos en Tláhuac fueron no sólo el Waterloo de Huerta y Figueroa, en el contexto federal, sino el naufragio de todo el esquema de seguridad pública que arruinó Gertz Manero.
Fox también es responsable de haber aceptado la propuesta de Ebrard que le hizo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Secretario de Gobierno de la capital cuando Manuel Camacho fue el regente durante el Gobierno de Carlos Salinas, Ebrard llegó al cargo no por sus conocimientos, sino como parte de los compromisos políticos del tabasqueño y dentro del entramado de alianzas en la capital. Por un lado, el también defenestrado René Bejarano le aportaba una gran base política a López Obrador en los movimientos urbanos y con grupos de choque, mientras que Ebrard le daba acceso a los aguerridos ambulantes.
Si se ven ambos casos se puede apreciar con claridad el origen del problema que llevó a Tláhuac. El mismo error de encuadrar en el marco de la política el nombramiento de Ebrard, Fox lo repitió con Huerta en el Gobierno Federal. El desastre de una mala decisión política lo llevó a otra decisión política a dos semanas de los linchamientos. El primer gran saldo es la total decapitación de la PFP, el cuerpo de élite de las policías mexicanas. Figueroa no salió sólo de la organización, sino que fue acompañado a la calle por ocho mandos, incluidos los de inteligencia y operaciones. Removidos los mandos que él aprobó, quien queda totalmente en entredicho es el propio secretario Huerta, a quien Fox sigue defendiendo pero que pública y políticamente está perdiendo legitimidad en forma acelerada.
Este es el siguiente problema político inmediato para Fox. No puede mantener por mucho tiempo más a Huerta sin que esa obstinación le empiece a costar políticamente y a invalidar lo que hizo este lunes. El sacrificio adicional que parece necesario sobre Huerta se podría haber salvado si el secretario hubiera focalizado las fallas en la PFP, el área de su incumbencia jurisdiccional y evitado brincar a otras arenas movedizas. Pero no fue así. Desde el primer momento Huerta responsabilizó al Gobierno del Distrito Federal de los hechos en Tláhuac, politizando instantáneamente un problema originalmente social.
Quiso, en la ola anti-loprezobradorista, sacar réditos para el foxismo. Sin embargo, quedó atrapado en su apresuramiento. Las enormes fallas de la PFP, la rebelión de una de sus brigadas y la exigencia de los subordinados para que cesaran a sus jefes, descalificó su oportunismo político y lo colocó como uno de los ejes del problema. Huerta no se ha callado y envalentonado porque su amigo el presidente no lo ha removido, volvió a atacar al Gobierno capitalino. Esto permite suponer que Huerta, que no ha entendido del problema en el que se encuentra, se siente totalmente protegido por Fox.
Pero el presidente, ¿cómo puede justificar el cese de Ebrard sin la remoción de Huerta? ¿cómo convencer a los mexicanos que aunque la decisión fue política no está mezclado con los asuntos políticos de la sucesión presidencial?
El cese simultáneo de Figueroa no es suficiente porque hay un ingrediente, en el comportamiento de Huerta y avalado por Fox, de revanchismo contra López Obrador. ¿Cómo va a explicar Fox al Estado Mayor Presidencial, de donde Figueroa es cuadro distinguido, que lo despide dejando intacto a Huerta? Finalmente el secretario de Seguridad Pública es la cabeza de sector, como lo era Ebrard de su jurisdicción. ¿Cómo puede salir inerme la persona que trató de hacer de toda esta pesadilla de la seguridad pública un juego político sin importar, por sus declaraciones, cuál es la verdad?
El dilema de Fox está claro. Tiene invadida la pierna con gangrena y lo único que ha hecho es cortarse los dedos de Ebrard y Figueroa. Obviamente esto no impedirá que le avance la gangrena por el cuerpo. Huerta es el punto de infección galopante de esa putrefacción que tendría que amputar el presidente lo antes posible antes que su importante acción de Gobierno se le vuelva un nuevo desastre político.
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