hace seis meses se generó un escándalo cuando el laboratorio indio independiente “Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente”, dirigido por la doctora Sunita Naráin, reveló que muestras tomadas de doce conocidas marcas de refrescos y aguas envasadas, contenían residuos de pesticidas más allá de los límites tolerables para la salud. Por fin la Suprema Corte y las autoridades responsables dieron solución al respecto.
Las empresas Pepsi y Coca Cola habían invertido millones de rupias en difundir comunicados ridiculizando los análisis alegando que el laboratorio ni era confiable y menos lo eran los métodos clínicos que usó para correr las pruebas.
La indignación de los altos directivos de las embotelladoras se tradujo en una campaña de mesas de prensa y desplegados a plana completa en los principales diarios del país asegurando la pureza de sus productos edulcorados y de sus aguas de mesa. Una de las compañías se atrevió a afirmar que las autoridades sanitarias habían avalado la bondad de sus refrescos. El Ministerio de Salud le salió al paso y la obligó a retractarse en iguales espacios periodísticos.
Desde el principio la doctora Naráin había aclarado que su denuncia no tenía por objeto trabar combate con los gigantes internacionales Pepsi y Coca Cola. El asunto estaba en exhibir en ellos la urgencia de que el Gobierno atendiese una cuestión tan importante para la salud pública, especialmente en la población joven. Había que corregir el inaceptable vacío de normas y definir los límites tolerables de sustancias tóxicas en bebidas de creciente consumo popular.
Ante la fuerte reacción de la opinión pública, las autoridades tuvieron que atender la cuestión. Se estableció un comité parlamentario ad hoc que realizó una larga serie de pruebas de laboratorio y audiencias a las asistieron funcionarios y técnicos de las empresas acusadas así como los del laboratorio de la doctora Naráin.
Se ventilaron cuestiones técnicas al igual que políticas. Quedó claro que los pesticidas nada tienen que hacer en las aguas potables embotelladas. Los residuos de pesticidas en los alimentos pueden ser, de acuerdo con las normas internacionales, aceptables en un muy bajo nivel porque provienen de sustancias químicas usadas en los cultivos agrícolas. En el agua tienen que verse como contaminantes inaceptables.
La doctora Naráin también precisó que las normas aplicables a refrescos embotellados no deben exigirse a los jugos de frutas que tienen características distintas. “Las normas para pesticidas en jugos, leche, frutas y legumbres que son nutritivos y esenciales para la dieta humana tienen que ser diferentes a las que correspondan a productos que no son ni nutritivos ni mucho menos esenciales para la alimentación”.
El informe del Comité Parlamentario aceptó estos principios e hizo suyos los resultados clínicos aportados por el laboratorio. Consideró asimismo que no hay razón alguna para alegar que las normas para la alimentación en la India tengan que ser laxas en comparación con las europeas. El Comité le ha dictado al Gobierno una agenda firme y progresiva para la seguridad alimentaria.
En cumplimento de lo anterior, el Comité Central de Normas Alimentarias del Ministerio de Salud, acaba de determinar que las normas que pronto entrarán en vigor serán aplicables tanto a los refrescos como a las aguas embotelladas y que el “agua utilizada en la fabricación de las aguas carbonatadas deben seguir las que rigen para agua potable embotellada”.
Las normas que han de formularse se adecuarán a las condiciones indias. El que no parece haber normas en ningún lugar del mundo para los refrescos, no significa que el Gobierno indio deje de regular un producto de tan amplio consumo principalmente en “la población joven que es la más vulnerable”.
El comportamiento de las más grandes empresas del mundo operando en la India que no tuvieron consideración a los intereses de salud del público consumidor mientras la Ley no los obligara. La doctora Naráin añade que todo esto “debe enseñarles responsabilidad social a los mandarines de las corporaciones”.
Se confirma una vez más que para muchos empresarios educados en los principios de la administración; su ética comercial y profesional consiste simplemente en saber hacer negocios sin caer en la cárcel. Las cuestiones de moralidad no vienen a caso.
El epílogo de este escándalo confirma una vez más que las empresas más poderosas del mundo están siempre listas a esconderse en las reglamentaciones locales débiles y defectuosas para aumentar sus ganancias.
Nueva Delhi, 3 de marzo de 2004
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