El edificio que ocupa la Suprema corte de Justicia de la Nación, es una vetusta construcción por cuyos pasillos aún deambula el espíritu de eminentes juristas que dieron paso al control de la legalidad en nuestro país, estableciendo la procedencia del juicio de amparo. Esto ocurrió cuando se discutió la conveniencia de que fuera el Poder Judicial Federal el que se encargara de coordinar la administración de justicia en toda la República mediante la intervención de los tribunales federales en asuntos locales vía la violación a las garantías individuales. En aquellos lejanos días, aun corrían tranvías por los cuatro costados del Zócalo, que se movían pesada y lentamente, como iguanodontes antediluvianos, agitando una estridente campanilla de peculiar sonoridad, los armatostes se detenían apenas se desconectaba una de las líneas que le daba electricidad a la máquina, lo que sucedía con más frecuencia de lo requerido, saltando el conductor, de cejas que le hacían tejadillo a una nariz húmeda y bulbosa, yendo a la parte de atrás volviendo el cable a su lugar. Por fortuna no eran tiempos de prisas. En la plancha de concreto se podían ver espacios verdes donde crecían árboles que embellecían el rostro de la capital.
Este alto tribunal, de manera inusitada, ha salido a los periódicos mediante una proclama que no corresponde de manera alguna a la sobriedad y prestancia que le debe caracterizar dejando que sus resoluciones, las de todo el aparato judicial, por sí mismas sean lo suficientemente explicitas para evitar interpretaciones equívocas. Es una aclaración, la que hace la Corte, que está demás al otorgar un respaldo, innecesario y oficioso, a sus propios Jueces de Distrito que, aquí está lo grave de la medida, conocieron del asunto en que está implicada una actuación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Da la impresión de un protagonismo impropio de la majestuosidad que debe prevalecer en ese alto tribunal. O no quiero ni pensarlo, ¿se pretende deslindar al Poder Ejecutivo de los hechos que reclaman el enjuiciamiento del Jefe de Gobierno del DF? No es una función, la jurisdiccional, que se pueda desempeñar dando a conocer a la opinión pública, como lo hace cualquier partido político, su apoyo a autoridades que, por una razón u otra, tuvieron que ver con una suspensión no atendida. Es una actitud, la de la Corte, que puede ser tachada de inesperada. Nada más lejos de la confianza que el pueblo otorga a una institución de justicia que verla salir a la palestra en algo que puede dar lugar a que se piense en que, además de lo jurídico, hay un trasfondo político. Lo que sería corrosivo para la noble función que tiene encomendada.
De manera sorprendente los Plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura tercian en el pleito en que están inmersos los Ejecutivos Federal y el del Distrito Federal, indicando categóricamente que expresan su confianza en los jueces que emitieron resoluciones en los asuntos referentes al predio “El Encino”, rechazando imputaciones de deshonestidad a las que califica como carentes de fundamento. Invitando, a los que cuenten con elementos convincentes, para que acudan a los medios administrativos y judiciales idóneos e impugnen las conductas indebidas en que algún servidor público hubiese incurrido. Creo que se les pasó la mano a los ministros de la Corte. Sin que se hayan presentado las denuncias o quejas, por ende sin haberlas estudiado, las tacha de infundadas, con lo que revela que está prejuzgando y no trasluce el más mínimo sentido de ecuanimidad. ¿Cuál será la motivación, más allá de informar a la opinión pública, que alienta a la Corte a hacer esas consideraciones? ¿Por qué sacar la justicia a la calle mediante publicaciones que pueden poner en entredicho su objetividad? Una cosa es informar y otra es la de hacer juicios valorativos. Decir que tiene confianza en los servidores públicos que trabajan en el poder judicial es algo que esta fuera de toda duda pues el consejo los nombró asegurándose previamente de su probidad. ¿A qué viene la reiteración?
En mis días de juventud, teniendo relación con gente de curia, escuché decir que los Ministros de la Corte eran igualitos a los ascensores porfirianos que permitían acceder a los pisos superiores. La comparación se hacía consistir en que eran viejos, lentos y de escasa capacidad. La agudeza me pareció de mal gusto. Los Ministros que me ha tocado tratar son profundos conocedores en lo que a su profesión se refiere. Entonces, me dirá usted, ¿qué andan haciendo con inserciones pagadas en los medios informativos? Es un desliz que no tiene explicación coherente. Yo dudaría mucho que lo hayan hecho para apoyar a una de las partes en la disputa política, a la que por respeto a sí misma debería ser ajena esa institución. Es un papel, si así fuera, que lo único que podría traerles es el desdoro. La Suprema Corte de Justicia del insigne Ignacio L. Vallarta, del ilustre José Maria Rejón y del preclaro Mariano Otero, no está llamada a aparecer en las planas de los periódicos explicando el motivo de su proceder en asuntos escandalosos. Creo que esta vez les faltó a los Ministros mesura, parquedad y templanza, dejándose llevar, quizás, por el estrépito producido por un drama, en que las partes buscan a cualquier costo revolcar en el fango el poco prestigio que aún conservan.
