La democracia principia en la noble tarea de la impartición de justicia
J. Alan Pierre (1878-1936)
Aquí sí que la regla matemática falla, porque el orden de los factores nunca es igual y sí se altera. Inclusive ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde primero están los impartidores de la justicia, después los delincuentes y raras veces se toma en cuenta a las víctimas o parientes de éstas. En México la justicia y las leyes son sencillas, plasmadas en un marco referencial de honor y dignidad. “Es la conformidad de nuestros actos con la norma legal”, como dice La Abogacía de Jesús G. Sotomayor (Editorial Porrúa, 2000). Sin embargo, los encargados de custodiar la espada salomónica muchas veces y sin remordimiento, la esgrimen en contra de las víctimas o sus parientes y han hecho de ella un verdadero tianguis nacional y sentaron sus reales en falacias subastadas al mejor postor olvidándose, que la honradez no sólo está en el dinero, sino enmarcada en la rectitud moral y ética ante cualquier otra cosa.
Han sido muchos siglos de sometimiento los que el pueblo ha aguantado, una inquisición terrible en el nombre de salvaguardar los principios legales de una Constitución vejada y sustentada en un Estado de Derecho mal manejado. Y como colofón, no otorga ninguna garantía a los mexicanos y sí es usada para que muchos vivales lleven al sometimiento a millones de inocentes. Nada ganamos los mexicanos con que en nuestro país existan decenas de bonitos y faustosos edificios de la PGR, que las patrullas sean último modelo, que cada sexenio se le ponga otro nombre a las diferentes corporaciones policíacas..., si la verdadera impartición de justicia, es manejada por políticos, burócratas y en cientos de casos por delincuentes, simples Judas que venden al hermano por medio plato de lentejas. Los delincuentes velan armas, los policías, las agencias investigadoras del ministerio público y los jueces se llenaron de “lana” en su burocracia y muchos de esos puestos son ocupados por mera recomendación y no por la eficiencia que en su momento pudiese tener el individuo. La prueba es tangible en cualquier juzgado con los miles o millones de casos postergados, aunado a esto, los delincuentes que deambulan en la calle como Juan en su cocina.
El vía crucis de las víctimas y sus parientes es aún más complicado en estos juzgados o agencias investigadoras. En parte a esto se debe que millones de casos no sean denunciados o al ser denunciados se olviden. ¿Cómo estará la cosa que ahora la Comisión de Derechos Humanos defiende más a los delincuentes que a los agraviados? Ahora que si de denunciar se trata, como lo pregonan por ahí desde el Presidente de la República hasta los jefes policíacos más bajos, pues existe el temor comprobado de que el que denuncia se mete en un problema grave por las “orejas, madrinas, dedos, soplones y judas” que hay metidos en las diferentes corporaciones policíacas.
Ahora que para variar nos endilgaron otro nada favorable segundo lugar en secuestros, sucede que en cada banda que detienen uno o varios policías están metidos ¿En manos de quién estamos pues...? Y lo paradójico aquí es que en una consulta hecha hace tres meses resultó que las personas encuestadas le tienen más confianza a los policías, que a los legisladores (senadores y diputados), es decir políticos en general. ¿Cómo la ven mis cuatro lectores? Y otra más dolorosa: Por cada preso sentenciado que hay en México, existen 3,000 delincuentes (señalados por sus víctimas) libres, con amparo, fuero, bajo fianza o, peor aún, la corrupción que se llenó de dinero e impera en el Tianguis Nacional conocido como Justicia o Ley, según el caso.
Pero mientras hay Megamarchas de chilangos en la Ciudad del Miedo (México, D.F.), los jefes políticos se desgastan en la carrera por la silla del águila y otros mequetrefes metidos a políticos están en Big Brother. Campantes la corrupción e impunidad van en caballo de hacienda y las víctimas en un rincón llorando de impotencia ante el muro de los lamentos en que han convertido las leyes donde por increíble que parezca se defiende más al delincuente que al agraviado. Si no creen, pregunten en la Comarca Lagunera por una familia de apellido Casillas T. (el casco), o el caso de Saltillo, Coahuila, Bichara es el apellido de un hombre que luchó por la custodia de sus hijos durante cuatro años y se gastó una millonada.
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