Nadie está de acuerdo cabalmente con la propuesta migratoria de George W. Bush, aunque todos hablan de ella en Estados Unidos y en buena parte de México.
Para bien o para mal el mandatario texano logró su primer cometido de atraer los reflectores del mundo hispano y de ganarse las simpatías de una buena parte de los inmigrantes.
La propuesta Bush no cubre las expectativas del Gobierno mexicano en torno a la famosa enchilada completa (the whole enchilada) de Jorge Castañeda, pero significa indudablemente un paso adelante hacia las demandas del régimen foxista.
Bush propone ofrecer permisos de trabajo por tres años a unos ocho millones de indocumentados de los aproximadamente 12 millones que laboran en los Estados Unidos.
Estos trabajadores contarán con un empleo digno y remunerado durante ese lapso, podrán introducir a su esposa e hijos y tendrán oportunidad de renovar el permiso al parecer por tres años más. ¿Y qué pasará después?, se preguntan por aquí y por allá.
Por varias razones el programa Bush no logra convencer. Los grupos conservadores norteamericanos, que son muy numerosos y algunos extremadamente radicales, afirman que la propuesta inundará al país de ilegales y que al paso de los años no habrá forma de contener la avalancha de migrantes.
A su vez las organizaciones pro derechos civiles señalan que la oferta es insuficiente porque no brinda una residencia permanente a los trabajadores lo que significará crear una casta de ciudadanos de segunda que podrán laborar durante tres o seis años, pero que deberán regresar a su país con evidentes efectos negativos para ellos y sus familias.
Para la legendaria activista Dolores Huerta, el Gobierno de México no debe aceptar un acuerdo migratorio sino una amnistía general para los trabajadores. “Nos fregaron”, sostuvo Huerta al referirse a que la súbita aceptación del régimen foxista echa a perder el trabajo de muchos años en favor de la legalización de nuestros paisanos.
Hay opiniones moderadas como la del ex canciller Jorge Castañeda, quien afirma que sin ser una panacea, la propuesta significa un avance importante para millones de indocumentados que tendrán un respiro temporal para trabajar sin sobresaltos y esperar más a un nuevo programa de amnistía.
Los críticos de Bush recuerdan que en el Gobierno de Ronald Reagan, también republicano, se aprobó la Ley Simpson-Rodino que legalizó a millones de migrantes en una medida por demás positiva y vanguardista.
Pero los norteamericanos conservadores afirman que fue precisamente esta ley la que promovió el disparo de la inmigración con los resultados que hoy se viven.
En Estados Unidos viven actualmente 31 millones de inmigrantes de los cuales aproximadamente 12 millones son indocumentados. De ellos el 60 por ciento son de América Latina y se calcula que entre cuatro y cinco millones son de procedencia mexicana.
Es interesante observar que los mexicanos no son mayoría y que la migración igual afecta a los latinos que a los asiáticos, europeos, árabes y africanos.
Pero lo cierto es que México ha encabezado a través del Gobierno de Fox esta batalla en favor de los inmigrantes y a estas alturas sería pernicioso abandonar este liderazgo.
Por el contrario, el Gobierno mexicano está obligado a persistir en la lucha y a definir una estrategia inteligente, acorde con las demandas de los millones de paisanos que laboran en los Estados Unidos.
Con todo y que la propuesta implica un paso hacia adelante en la política migratoria norteamericana, no se vale cruzarse de brazos y aceptar gustosamente una ley unilateral que evidentemente no resuelve de fondo la problemática de millones de personas.
Además está por verse que en este año electoral el plan Bush logre ser aprobado y llevado a la práctica.
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