El debate sobre la ley de ingresos y el presupuesto del sector público para 2005 se realiza bastante ajeno a las repercusiones que las diversas alternativas tienen sobre la evolución de las variables económicas y, por ende, sobre el desempeño integral de la economía, no sólo en el corto sino más importante aún, en el mediano y largo plazo. Por enésima ocasión, los diputados escogieron la semana pasada el camino fácil de rechazar la mayoría de las modificaciones tributarias que eliminarían tratos preferentes y exenciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto sobre la Renta (ISR). En su lugar prefirieron ampliar las distorsiones que ocasionan algunos de esos tratamientos, como es el caso del régimen tributario para los “pequeños contribuyentes” (Repecos).
Los diputados optaron por otorgar la exención del IVA a los Repecos con ingresos anuales de hasta 760 mil pesos, y redujeron los coeficientes de valor agregado del 20 al 15 por ciento en la enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como del 50 al 40 por ciento en la prestación de servicios. El régimen de Repecos también salió beneficiado en la Ley del ISR, ya que se elevó su techo de aplicación de un millón 750 mil a dos millones 500 mil pesos de ingresos anuales. Esquemas preferentes como este, no sólo abren más opciones para la evasión y la elusión de impuestos, sino que también contribuyen a una mala asignación de recursos y perjudican la equidad tributaria, ya que personas con ingresos iguales son sujetas a distintos tratos impositivos.
No obstante el rechazo a la mayoría de las propuestas del Ejecutivo, el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2005 proyecta un flujo de recursos de 80 mil millones de pesos mayor al sugerido por el gobierno. Este monto adicional de ingresos, según la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se logrará sin elevar impuestos.
Los legisladores aplicaron todo su “ingenio” para obtener este resultado. Los recursos adicionales provendrán del cambio de mecanismo de deducción de las compras a uno por costo de ventas para las empresas; de recortes al gasto propuesto por el Ejecutivo; de una evaluación más “realista” del alza esperada de los ingresos por IVA e ISR; de suponer un precio del petróleo de 27 dólares por barril; de elevar el déficit fiscal; así como por la realización de un censo fiscal que estiman eleve la recaudación.
Aparte de esta alquimia numérica, que todavía está por verse si funciona o no, sobresale que los diputados insistan en utilizar al precio del petróleo y la meta de déficit presupuestal como mecanismos “sanos” de financiamiento del gasto público en el país. Ellos no parecen recordar los trastornos económicos que se derivaron de actitudes similares en el pasado, ni toman en cuenta la volatilidad del precio del crudo y la fuerte dependencia que tienen los ingresos públicos de ese energético, como tampoco les preocupa proponer un déficit más alto al sugerido por el gobierno en un entorno caracterizado por incertidumbres importantes, que pueden exacerbar nuestras vulnerabilidad presupuestal en 2005 y 2006.
La apuesta al petróleo conlleva riesgos importantes, no sólo en el corto plazo ante un posible tropiezo de la economía china o estadounidense el año próximo, sino también en el mediano plazo, cuando las necesidades crecientes de gasto y la magnanimidad ilimitada de nuestros legisladores se traduzcan en requerimientos financieros imposibles de sostener en un ambiente adverso para el mercado petrolero.
Por otra parte, en las condiciones económicas actuales, con una tendencia alcista en las tasas de interés, tanto internas como externas, el déficit de 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto, que en apariencia es inofensivo, no refleja adecuadamente el nivel actual y creciente de los requerimientos financieros del sector público, que es cercano al cuatro por ciento del Producto Interno Bruto.
La actitud complaciente de nuestros diputados se traducirá en un alza de las tasas de interés mayor a la necesaria para contener las presiones inflacionarias. Los mayores requerimientos financieros del gobierno implicarán que este competirá con el sector privado por los recursos disponibles. Esta competencia se traducirá en tasas de interés superiores a las que existirían en ausencia del déficit y, por ende, mayores dificultades para los deudores y menor estímulo para la inversión privada.
Un mayor déficit público para 2005 muestra, además, la nula voluntad de nuestros legisladores y políticos para dejar sentadas desde ahora las bases para reducir nuestra vulnerabilidad ante los vaivenes del precio del petróleo y, más importante aún, para enfrentar lo que será, sin lugar a dudas, una bomba financiera al momento de solventar, junto con las obligaciones crecientes de gasto que se derivan de la generosidad ilimitada de nuestros legisladores, los compromisos derivados de las pensiones de los trabajadores del sector privado, los asociados al quebranto bancario y, en particular, los vinculados con las pensiones de los empleados públicos.
En síntesis, nuestros diputados por enésima ocasión son eco de las voces de la irresponsabilidad vestidas con el ropaje del "interés público". Han preferido la vida política fácil, oponiéndose a las reformas tributarias, proponiendo más gasto y ofreciendo todo tipo de estímulos, bajo el supuesto que de algún lado (petróleo caro, "ahorros", mejores cálculos, mayor déficit, etc.) saldrá el financiamiento para cumplir los compromisos adquiridos y satisfacer las necesidades futuras. Ahora sólo falta ver cuál será la reacción de los senadores, aunque me temo que también preferirán la “vida fácil”.
