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Lamentan uso de la fuerza pública contra colonos

YOLANDA RÍOS RODRÍGUEZ Y PRIMITIVO GONZÁLEZ MURUATO

Dice representante del Gobierno Estatal que se debió privilegiar el diálogo en el caso del puente Cuauhtémoc.

Torreón, Coah.- El representante del Gobierno del Estado en la Comarca Lagunera, Gustavo Muñoz, lamentó que se haya tenido que utilizar la fuerza pública para desalojar a los vecinos de las colonias del sur que colindan con el puente elevado Cuauhtémoc y dice que tal vez “haya sido el resultado de la negligencia e insensibilidad de parte de gente que trabaja con el secretario de Obras Públicas Jorge Viesca’’.

Destaca que en todo momento debió privilegiarse el diálogo pues “yo no estoy de acuerdo y además no es política del gobernador Enrique Martínez que se utilice la fuerza pública bajo ninguna circunstancia’’.

Respecto al violento desalojo del pasado viernes que realizaron elementos de la Policía Municipal, supuestamente por petición de apoyo que hizo el Secretario de Obras Públicas Jorge Viesca para despejar las vialidades alternas al puente elevado y según lo confirmó posteriormente el secretario del Ayuntamiento Alfonso Tafoya, la solución técnica del asunto motivo de la inconformidad de los ciudadanos era bien sencilla’.

“Yo lo que sé hasta ahora es que ese asunto lo estuvo manejando la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas en conjunto con el Municipio, lo que sé es que hubo un diálogo que no se debió haber roto con los vecinos de la vialidad, independientemente de que su postura sea, como sea’’.

Habitantes de las colonias del sur de la ciudad se quejaron en su momento de que ni el Gobierno del Estado y tampoco el Municipio, les daban solución a sus demandas de que no les cierren los accesos a la colonia Vicente Guerrero.

“Lo que puedo decir también es que es lamentable haber llegado a ese extremo y después de ver la manera como desalojaron a las personas, la situación se torna muy sencilla’’, desde la perspectiva del funcionario del Gobierno del Estado.

Dice que al parecer la solución es la colocación de un semáforo y un retorno, obras que de ninguna manera se comparan en costo con lo que significa detener a un grupo de personas.

Gustavo Muñoz agrega: “yo lo único que puedo enfatizar es que el diálogo no se debe romper y las instrucciones del gobernador del Estado de nunca romper las conservaciones y esta situación tal vez se derivó de que la gente que trabaja con Jorge Viesca Martínez , se le salió de las manos”.

Por último, agregó: “Por eso ya vamos a entrar nosotros, para buscarle una solución sin olvidar el elemental aspecto social. El compromiso es dialogar y atender a la gente en sus respectivos problemas”.

Fallas

Lo sucedido el pasado viernes con el desalojo violento de los colonos que exigen no estar aislados del resto de la ciudad, es reflejo que está fallando el diálogo entre autoridad y pueblo. A medida que las sociedades sean más democráticas y valoren los derechos humanos de todos, lo que se tiene que privilegiar es el diálogo, declaró David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De haber tomado en cuenta las autoridades a los vecinos de las colonias que se vieron afectados por la construcción del puente de la prolongación Cuauhtémoc, dijo, no hubiera sido necesario el uso de la fuerza pública.

“Si bien es cierto que las autoridades tienen derecho de ejercer la fuerza pública para evitar que las personas transgredan los ordenamientos jurídicos, como el cierre de una vía de comunicación, también hay que decir que puede haber razón en los vecinos, considerando que les van a cerrar los accesos a sus colonias”.

También es cierto, continuó, que la construcción del puente atiende sólo a los que tienen vehículo y tomando en cuenta que muchos de ellos no tiene, hay razón en buscar que los accesos a sus colonias no les queden cerrados.

Lo procedente, expuso, es que los afectados pueden hacer uso de los recursos legales, inclusive pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos si consideran que sus derechos de tránsito se ven afectados por la construcción de las bardas.

Si bien las autoridades tienen derecho de usar la fuerza, existe un límite, que se puede usar en la medida racional y necesaria para evitar actos ilícitos. “Los excesos tienen que ser sancionados”.

Inclusive, expuso, los mismos agentes policiales deberían estar capacitados para primero entrar en diálogo con las personas, “pero antes tendría que haber muchas alternativas por parte de las autoridades para solucionar los conflictos”.

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