“La política es el arte de impedir que la gente se ocupe de sus propios asuntos”.
Paul Valery
Es por supuesto inaceptable que persista en nuestro país la ilegal práctica de interceptar, grabar y difundir llamadas telefónicas. Pero eso no significa que pueda uno cerrar los ojos al contenido de las dos llamadas que Ciro Gómez Leyva difundió en su noticiario de televisión en canal 40 este pasado 12 de octubre.
La conversación entre el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal Martí Batres y la diputada local Alejandra Barrales sugiere fuertemente que la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados del pasado cinco de octubre fue orquestada por el propio Gobierno de la ciudad de México. La otra llamada, la de René Bejarano con su esposa, la diputada Dolores Padierna, no sólo fortalece esta suposición sino que sugiere que Bejarano sigue organizando este tipo de operaciones para el Gobierno de la capital, pese a haber caído en desgracia por los videos que lo mostraban recibiendo dinero del contratista Carlos Ahumada.
En la mañana de ayer pude escuchar las entrevistas que Carmen Aristegui les hizo tanto a Barrales como a Batres para su programa de radio “Hoy por hoy”. Esas entrevistas confirmaron de alguna manera las sospechas generalizadas de que el Gobierno de la ciudad de México estuvo atrás de la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados. Barrales afirmó que la “fiesta” para la que había mandado hacer un “pastel gigantesco” no era en realidad la toma de la tribuna legislativa sino una reunión completamente distinta.
Pero Batres no sólo no pareció estar enterado de esa reunión, sino que respondió a las preguntas sobre la llamada con Barrales diciendo que los diputados de la Asamblea Legislativa no habían hecho más que defender a la ciudad de México con la toma de la tribuna. Y de ahí cambió el tema para acusar a la Secretaría de Gobernación de haber hecho la intercepción telefónica y filtrado la grabación. Es casi una confesión de parte.
Ahora bien, ¿es ilegal que el Gobierno de la ciudad de México haya organizado la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados? Me parece que no, pero de todas formas se ve mal, especialmente después de todas las declaraciones de dirigentes perredistas en el sentido de que los diputados del PRD actuaron por inspiración espontánea.
¿Es ilegal que René Bejarano siga llevando por lo menos una parte de la operación política del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto que no, pero también se ve mal.
¿Es ilegal que se hayan difundido las llamadas telefónicas? En este caso lo que es incorrecto es entregar las grabaciones ilegales a un medio para su difusión. Pero un periodista tiene un deber profesional de difundir las grabaciones una vez que éstas llegan a sus manos. Gómez Leyva hizo lo que tenía que hacer.
¿Fue el Cisen el que grabó y filtró las grabaciones? No se puede descartar, ciertamente, pero la idea de que toda grabación ilegal debe ser hecha necesariamente por el Cisen es falsa. No se requiere mucha sapiencia, dinero o tecnología para grabar llamadas de teléfonos celulares. El equipo para las intercepciones se puede comprar con facilidad y a un precio relativamente modesto.
Lo que es realmente triste es que la política en México se esté reduciendo cada vez más a una serie de batallas de barandilla o de lavadero. Como lo he señalado en varias ocasiones en esta columna, el Gobierno del Distrito Federal tiene buenos argumentos para oponerse a la enmienda del artículo 122 que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 12 de octubre. Coincido, por otra parte, con los legisladores del PRI y del PAN en el sentido de que es importante eliminar un complejo sistema de gasto público y transferencias que aparentemente subsidia al Distrito Federal, la entidad más rica del país. Pero la enmienda al artículo 122 de la Constitución ni siquiera empieza el trabajo.
El problema es que entre más sucia se vuelve la política más difícil se hace el logro de acuerdos concretos para el bien común. El debate sobre la reforma del artículo 122, por ejemplo, pudo haber sido el inicio de una discusión de fondo que pusiera fin a un sistema de reparto del gasto público que no sólo es discrecional sino perverso. Pero la discusión de fondo no se dio. Quizá sea demasiado esperar un sentido de sensatez de los políticos que tenemos en la actualidad.
Hablar en clave
Andrés Manuel López Obrador les pidió ayer a sus colaboradores que, ante la intercepción de llamadas telefónicas, “hay que hablar en clave”. Lo curioso del caso es que la conversación telefónica entre Batres y Barrales el cinco de octubre se caracterizó precisamente por el lenguaje cifrado que usaron ambos. Pero no ha impedido que el sentido de lo que hablaron haya quedado claro.
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