Agencias
MÉXICO, DF.- La mayoría de las empresas afectadas por la piratería en México prefieren simplemente ignorar la invasión de su marca o la violación de sus derechos de autor, ante lo costoso, complicado y lento de los procesos legales que operan en el país.
En entrevista, Juan Ramón Obón, coordinador de la comisión de propiedad intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, sostuvo que las compañías deben sufrir procesos de hasta cinco años para defenderse legalmente de la piratería.
"Al estudiar el costo beneficio, las empresas evitan iniciar un procedimiento de más de tres años", explicó.
Actualmente, dijo, existen propuestas de reformas a la ley para endurecer las sanciones, lo que permitiría perseguir de oficio el delito de piratería y responsabilizar también a los comerciantes que ofrecen mercancía en la calle.
Sin embargo, opinó el experto, lo que en realidad se requiere es voluntad política para acabar de una vez por todas con el comercio informal, porque es allí donde se comercializa más del 70 por ciento de la piratería de este país.
"Las penas pueden ser muy altas, pero si no hay mecanismos expeditos en la Ley, esto no funciona", consideró.
Sólo para integrar una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República se requiere invertir varios meses.
Lograr una acción inmediata, a pesar de contar con el agravante, resulta prácticamente imposible, dijo.
Además, las infracciones administrativas, contempladas en la Ley Federal de Derecho de Autor, requieren de un año y medio para madurar. La etapa de revisión exige entre tres y cuatro meses más.
Si la resolución es adversa, se inicia un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Estamos hablando prácticamente de tres años y medio para que se imponga una sanción, cuyo ingreso va a la Secretaría de Hacienda... no al afectado", explicó.
Obón León insistió en que defender marcas y patentes en México resulta sumamente costoso, por el tiempo y los recursos que deben invertir las empresas para combatir la piratería.
"Hay que buscar mecanismos ágiles en la ley para que pueda haber acciones eficientes y rápidas para prevenir esas acciones", dijo.
Finalmente, Juan Ramón Obón aplaudió la incautación que realizó en días pasados la Secretaría de Hacienda y la PGR de 9.2 millones de discos compactos vírgenes, que presuntamente fueron importados de forma ilegal desde Taiwán.
En lo que constituye el mayor golpe al contrabando de compactos en este año y el segundo más importante de todo el sexenio, las autoridades federales intervinieron la noche del martes pasado dos locales que pertenecen a Agaroniam Mnatzakamian, un contrabandista de Europa del Este considerado como el principal capo de los CD's destinados a la piratería en México.
