Entre los maestros de arte existe un refrán que se hereda de generación en generación: las reglas se hicieron para romperse. La fórmula estimula la creatividad y a la vez implica el conocimiento de las pautas que rigen una disciplina.
La clase gobernante parece haber adoptado el viejo adagio para el manejo del país. Hay lineamientos que surgen para no cumplirse, o en todo caso, para aplicarse a discreción. Como muestra, dos ejemplos: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las normas establecidas en materia ambiental.
En el caso de la primera, el presidente de la República, Vicente Fox, reconoce que no se aplica del todo. Argumenta en tono de disculpa que el proceso de apertura del Gobierno ha sido espinoso y complicado. Admite también que algunos miembros del Gabinete buscan preservar el hermetismo que tenían los secretarios en otros tiempos.
Los comentarios del Presidente intentan atenuar el reporte presentado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). María Marván, comisionada presidenta de ese organismo, señala que hay resistencia, evasión y negligencia por parte de las autoridades que han pretendido obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
En el caso de las normas ambientales, son poco menos que letra muerta. Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quien acepta que tres cuartas partes de la industria nacional no acatan la Ley. Entre las sanciones que esta dependencia contempla está el cierre de empresas, pero en los últimos cinco años no se ha ejercido ese castigo.
Funcionarios de esa dependencia dicen que se busca “corregir el problema” sin afectar las fuentes de empleo, pero también admiten que no hay suficientes inspectores para vigilar a la totalidad de las empresas y por ello sólo se enfocan en poco más de la sexta parte.
Si en ambos casos -como en muchos otros- es el Gobierno quien orquesta razones para incumplir lo que ordena la Ley ¿qué se puede esperar?
