“Bendito es el leño que sirve a la justicia”.
Libro de la Sabiduría 14:7
eEste lunes pasado un grupo de unos 200 manifestantes de las comunidades de Santo Tomás y San Miguel de Ajusco bloquearon durante seis horas las salidas de la ciudad de México hacia Cuernavaca.
Decenas de miles de personas se vieron afectadas. Si bien los manifestantes estaban violando en flagrancia las Leyes locales y federales que garantizan la libertad de tránsito ni la policía del Distrito Federal ni la Policía Federal Preventiva quisieron intervenir y abrir las vías de comunicación. Esta decisión -o falta de ella— es producto de una doctrina inconfesada desde hace muchos años: no puede usarse la fuerza pública para aplicar la Ley cuando quienes la violan pertenecen a grupos políticos o participan en manifestaciones. La noche del lunes, una vez que dejaron el bloqueo de las salidas de la ciudad, los comuneros del Ajusco se dirigieron al predio de Agua Grande que reclaman como propio y ahí atacaron el campamento y los vehículos de otro grupo de comuneros, éstos de Xalatlaco, Estado de México, que también afirman ser propietarios del terreno de 1,500 hectáreas. Los comuneros del Ajusco quemaron una cabaña y unas camionetas de sus rivales mexiquenses.
La Policía Federal Preventiva se abstuvo de intervenir para prevenir la violencia. Solamente el hecho de que no hubo un enfrentamiento directo entre los dos grupos impidió que se registraran muertos o heridos. Las lecciones que nos dan los hechos de este lunes son inquietantes. Queda claro que, ante la cobardía de las autoridades, en el México de hoy prevalece la Ley de la Selva. No tiene sentido en nuestro país recurrir a un juez porque lo que vale realmente es la capacidad de hacer valer la fuerza bruta. Así lo vimos hace unos días en Cancún, cuando el gobernador priista, Joaquín Hendricks, mandó a un grupo de golpeadores a destituir a un presidente municipal. Así lo hemos visto en el caso del aeropuerto de Texcoco, en el que los ejidatarios de San Salvador Atenco sólo lograron que se respetaran sus derechos de propiedad cuando, armados de machetes, secuestraron y humillaron a funcionarios públicos. Así lo vemos en la ciudad de México, donde las autoridades locales y federales tienen temor a detener cualquier bloqueo de las vías de comunicación o a impedir actos de violencia con los que se busca dirimir un conflicto sobre la propiedad de unas tierras.
El Estado mexicano ha abandonado el monopolio del uso de la fuerza. Pero ésta es una decisión que puede tener consecuencias enormes en nuestro país. Cuando el Estado renuncia al monopolio de la fuerza, cuando por cobardía o por precaución permite que otros recurran abiertamente a la fuerza para imponer sus posiciones en disputas legales, está dejando atrás una de sus responsabilidades fundamentales.
Ayer Alejandro Encinas, secretario de Gobierno del Distrito Federal, denunció que los hechos de este lunes fueron responsabilidad de la juez María Alejandra León, quien ordenó el retiro de la policía capitalina de la zona de Xalatlaco. Es verdad que la Policía Federal Preventiva no se atrevió a intervenir el lunes por la noche para detener la violencia en el predio en disputa, pero es difícil creer que la actuación de la policía del Distrito Federal habría sido distinta.
Recordemos que apenas unas horas antes la policía capitalina no quiso intervenir para defender los intereses de decenas de miles de capitalinos que se vieron afectados por el bloqueo de vialidades que los comuneros del Ajusco llevaron a cabo durante buena parte del lunes.
Las autoridades mexicanas tienen miedo a utilizar la fuerza pública para hacer cumplir la Ley. Pero lo único que logran con esto es multiplicar los actos de violencia. Cada vez es más común que los grupos que tienen algún agravio real o inventado recurran al bloqueo de vías de comunicación o a la violencia para que se les haga caso. Actúan como niños acostumbrados a obtener lo que quieren cuando hacen berrinches. Si el berrinche es la solución, no se requiere ningún otro método.
Y la experiencia nos dice que el bloqueo o la violencia son mucho más eficaces que los tribunales para obtener lo que uno exige. Yo entiendo que las autoridades no se quieren meter en líos, que prefieren ocultarse detrás de su cobardía antes de hacer cumplir la Ley. Pero si mantienen su actual actitud lo único que lograran es que todos los conflictos en nuestro país se tengan que dirimir con bloqueos y con el uso de la violencia. La sociedad mexicana habrá regresado así abiertamente a la Ley de la Selva.
Ancianas
Desde septiembre de 2003 han sido estranguladas 15 ancianas en la ciudad de México. Pero los que hablan de las muertas de Juárez se olvidan de las ancianas del Distrito Federal.
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