“¿Qué queremos? ¿El Imperio de la Ley o la Ley del Imperio?” SS
Estados Unidos es un país que se ha preciado siempre de respetar el estado de derecho. Su Constitución fue la primera en el mundo en otorgar derechos a los ciudadanos. Su sistema legal ha sido una de las bases de su prosperidad económica.
Por eso inquieta tanto la posición de los gobiernos de Texas y Oklahoma en el sentido de que no acatarán el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 30 de marzo, el cual determina que se violaron los derechos consulares de más de 50 ciudadanos mexicanos condenados a muerte por lo que sus juicios no son legalmente válidos.
El presidente George Bush de los Estados Unidos ha manifestado en varias ocasiones que su país no es un imperio moderno. Incluso la tan cuestionada intervención militar en Irak se sustentó jurídicamente en las resoluciones 687 y 1440 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, el que dos estados de la Unión Americana y el Gobierno Federal estadounidense puedan simplemente rechazar un fallo de la Corte Internacional de Justicia basada en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares —firmada y ratificada por Estados Unidos— confirmaría que ese país insiste en actuar como un imperio que sólo acepta la Ley de la fuerza.
La Unión Americana, en realidad, ha mantenido practicas imperiales desde hace mucho tiempo. Sus tribunales han avalado, por ejemplo, el concepto del “largo brazo de la Ley”, el cual permite a las autoridades de ese país aplicar la legislación local en territorio de otras naciones. Éste es un derecho, sin embargo, que Washington no concede a otros países en su propio territorio. En 1992, en efecto, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos avaló la captura del médico mexicano Humberto Álvarez Machain en territorio mexicano y permitió así su enjuiciamiento en los Estados Unidos por su supuesta participación en la tortura y muerte del agente antinarcóticos estadounidense Enrique Camarena en 1990. Es verdad que el doctor Álvarez Machain fue liberado más tarde y repatriado a México, pero no por la ilegalidad de su captura sino porque la fiscalía no pudo comprobar la acusación en su contra.
En otros casos el Gobierno de los Estados Unidos sí ha podido mantener en la cárcel a aquellos que ha capturado en el exterior violando el derecho internacional. Manuel Noriega, el ex presidente de Panamá, está purgando una condena de 40 años de cárcel en Miami, Florida, por los delitos de chantaje, lavado de dinero y narcotráfico. El ex presidente panameño podrá haber sido un redomado criminal, pero no fue extraditado a Estados Unidos por medio de un proceso legal, sino que el ejército estadounidense invadió Panamá en 1989 para capturarlo. Este procedimiento, lógicamente, no puede ser considerado legal por ninguna nación del mundo. Pero el hecho de que Noriega permanece en la cárcel confirma que los tribunales estadounidenses lo consideran perfectamente aceptable.
No me imagino que Estados Unidos consideraría correcto que otro país enviara tropas a territorio estadounidense para capturar a un criminal y llevarlo a juicio a otro país. Sin embargo, para que un Estado de Derecho exista es indispensable que la Ley se aplique por igual para todos. Si Estados Unidos no acepta de otros países las prácticas que aplica a los demás, entonces no se ajustando a un Estado de Derecho sino que actúa como un imperio sobre la base de la fuerza.
Ni Texas ni Oklahoma ni el Gobierno Federal estadounidense pueden legalmente dejar de acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia porque Estados Unidos es signatario de la Convención de Viena sobre derechos consulares. Las convenciones no pueden aplicarse de manera discrecional: sólo cuando le convenga a algún Gobierno. Así no funcionan las leyes en ningún lugar. Así no puede existir un verdadero estado de derecho. La gran pregunta que deben hacerse los funcionarios y jueces estadounidenses es si ellos estarían dispuestos también a que se negara el contacto con los consulados estadounidenses a los ciudadanos de su país arrestados en el extranjero. Si ésta va a ser su postura —lo cual resulta poco probable— entonces mejor que la Unión Americana retire su ratificación de la Convención de Viena. De lo contrario, lo correcto sería aceptar en su territorio un derecho que exige que cumplan otros países.
Público y privado
Las averiguaciones deben ser privadas pero los juicios públicos. Este principio del derecho, sin embargo, se viola constantemente en nuestro país. Así, Andrés Manuel López Obrador cita en una entrevista en televisión una declaración del chofer de Carlos Ahumada, mientras que las autoridades judiciales niegan sistemáticamente el acceso a los detalles de cualquier juicio.
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