El conflicto suscitado entre la Presidencia Municipal de Matamoros, Coahuila, y algunos sindicatos de la industria refresquera nacional en la región, amerita reflexión y comentario. Se trata de una empresa nueva en el mercado, que pretende instalar una planta productora en el parque industrial de la vecina población bajo la expectativa de generar dos mil empleos entre directos e indirectos.
Los sindicatos exigen al Ayuntamiento que no niegue los permisos a la instalación y funcionamiento de la planta, a la que consideran una competencia desleal que amenaza la estabilidad de sus fuentes de trabajo. Lo anterior porque la nueva empresa no opera bajo las formas usuales de distribución y venta del producto, lo que a juicio de los reclamantes constituye una violación a las leyes laborales de nuestro país.
La empresa que es objeto de comentario nació hace quince años en Perú y después de haberse extendido en algunos países del cono sur, ha llegado a México. Produce un refresco gaseoso como cualquiera otro, cuya particularidad consiste en que se vende sin requerir una flotilla vehicular de distribución, lo que le permite llegar al consumidor a menos de la mitad del precio de los refrescos que utilizan el sistema tradicional.
Para la venta se instalan bodegas de abasto a las que concurren atraídos por el bajo precio, mayoristas y consumidores en sus propios vehículos, lo que genera una red de distribución espontánea que no le cuesta a la productora. El fenómeno comercial que se comenta, enfrentado a la protesta sindical, revela que debido a nuestra incapacidad para reformar las instituciones jurídicas de este país, la realidad social las rebasa.
