Rigurosamente hablando no son polleros los empleados públicos detenidos el 19 de marzo. No se dedican al tráfico de personas a las que conducen de un país a otro mediante una gratificación. Se trata, más sencillamente, de mordelones, que por expedir un documento sin los requerimientos exigidos, o simplemente por mirar hacia otro lado (hacer de la vista gorda, se decía antes) recibían pagos por los verdaderos traficantes.
Su comportamiento no ha sido infrecuente en las oficinas relacionadas con la migración. Tiempos hubo en que fue peor y hasta parientes cercanos de algunos titulares de Gobernación en esos tiempos —remotos pero no tanto— tramitaban negocios en esa área desde florecientes despachos.
Por eso es llamativa la aparatosa conferencia de prensa protagonizada, el martes, por los secretarios de Gobernación y de la Función Pública y de la Procuraduría. Hasta denominar con el rimbombante título Operación Limpieza a una batida contra empleados públicos de menor rango y no contra los traficantes de personas que realizaban su negro negocio con la connivencia de los detenidos, habla de una exageración. Hasta se les puede acusar de haber desperdiciado ese nombre en una averiguación de bajo nivel cuando que sería necesario reservar esas palabras para bautizar una vasta campaña de regeneración política análoga a la Operación Manos Limpias que permitió a Italia reconstruir su tejido político-institucional.
Pero eso es lo de menos. Lo de más son algunas de las características de la presuntuosa Operación. Los empleados públicos fueron detenidos el viernes pasado y sólo el martes fue hecha pública su captura. Por lo menos una persona, entre quienes corrieron esa suerte, fue aprehendida sin la orden judicial correspondiente y sin que mediara flagrancia, pues fue capturada en la ventanilla que atiende cotidianamente y en donde no se realiza ningún trámite cuya facilitación le es imputada.
Según el testimonio de sus familiares, la acusación es enteramente aberrante. Los datos que citan en su descargo son fácilmente comprobables. Se le señala como poseedora de dos cuentas bancarias que revelan depósitos incompatibles con su condición de servidora pública. Su hija y su yerno informan, en cambio, que no es titular más que de una cuenta dotada con tarjeta de débito que, como se estila de más en más, sirve para cobrar sus quincenas.
Hasta hace diez años, la acusada de marras (cuyo nombre no publicito para no sumarme a la difamación que su encarcelamiento implica, en caso de ser verdadera la versión familiar y no la de la PGR) era una ama de casa. Hace diez, al enviudar, se empleó en una taquilla de lo que es hoy el Instituto Nacional de Migración. Allí entrega visas que permiten a turistas continuar su estancia en México. No las firma ella, simplemente las entrega. Fue contratada para esa labor específica porque habla inglés.
La señora es suegra de un publicista que confeccionó algunos de los exitosos lemas de la campaña presidencial del ahora titular del Ejecutivo. Tuvo, por lo tanto, acceso a altos funcionarios de la Federación, para aclarar el asunto y para intentar algunas ventajas. Le consta, dijo en información pública, que Alfonso Durazo, el vocero presidencial y secretario privado de Fox y Ramón Muñoz (el legendario consejero áulico, cuyo cargo formal es la innovación administrativa pero manda en todo, sólo inmediatamente abajo de la pareja presidencial) hicieron lo posible porque su suegra saliera libre.
Ya que eso fue imposible, al menos obtuvo de Armando Salinas, el subsecretario entre cuyas materias está la migración, un “trato”, por el cual la autoridad se abstendría de exhibir a la señora acusada o, de lo contrario, el publicista lo revelaría todo, como lo hizo, a los medios de comunicación.
El publicista, en esas revelaciones, contó que habló telefónicamente con Santiago Creel, el secretario de Gobernación, uno de los anunciadores de la Operación Limpieza. Y desayunó el martes con Salinas “que se iba con el Presidente”, que está de gira en Centroamérica “y lo bajaron del avión para desayunar conmigo y encargarse del asunto”.
El publicista, fracasada que fue su práctica de un influyentismo que debió morir con el cambio político logrado entre otros factores por su creatividad, anunció que hoy demandará al Procurador por mantener detenida a su suegra. Se comprometió con Durazo, según su propio dicho, a enderezar la denuncia sólo contra el general procurador general de Justicia, Rafael Macedo de la Concha y no contra Creel ni Eduardo Romero, el secretario de la Función Pública.
Si es verdad lo que asegura el publicista, la Operación Limpieza es ya desde ahora un monumental fracaso, pues la señora detenida el viernes pasado en su ventanilla es acusada como una de las cabezas de la banda, no obstante que según el desmentido apenas vio en los separos policíacos, por primera vez, a la otra persona reputada como jefe de la organización, cuyo nombre tampoco hay que publicitar, por equidad, aunque carezca de un valedor que intente proteger su reputación.
No es menor la lista de graves pifias en que ha incurrido la PGR, por cuya causa muchas personas padecen prisión (en cualquiera de sus modalidades, el arraigo incluido) mientras que otras eluden las órdenes de aprehensión en cuyo cumplimiento es omisa la Agencia Federal de Investigación. La ineficacia debe ser punida, tanto más cuando se montan sobre bases falsas golpes rotundos a la corrupción, para que se vea que el Gobierno Federal no es como otros.
