A la memoria de don Mario Ramón Beteta Monsalve
Pareciera que para iniciar el quinto año de Gobierno, el presidente Vicente Fox festejara con el envío de sus observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 que aprobó la Cámara de Diputados por una mayoría calificada.
Esta acción la hizo después de haber utilizado los medios electrónicos para linchar públicamente a los diputados que lo aprobaron en la sesión que inició el 15 de noviembre y terminó en la madrugada del día 18 del mismo mes. Sin conocer el contenido de lo aprobado por la Cámara de Diputados, el equipo del presidente Fox lo aventó al ruedo para acusar a los diputados de oposición a su partido de irreflexivos y de bloquear sus iniciativas de reforma estructural.
Aunque en su intervención amenazó con impugnar jurídicamente lo aprobado por la Cámara de Diputados, primero filtró lo que serían sus observaciones. Decidió impugnar el decreto a través de una campaña de medios de comunicación pero en realidad emprendió un juicio sumario de otro poder. Esto fue aún más evidente, cuando el Ejecutivo Federal negó a los coordinadores de los grupos parlamentarios de cinco de los seis partidos representados en la Cámara de Diputados el mismo espacio. Tan condenable es el linchamiento de la turba en el pueblo de San Juan Ixtayopan, que acabó con la vida de dos agentes de la Policía Federal Preventiva, como el que se hace con toda la fuerza del Estado para aplacar a diputados que tiene una opinión diferente de lo que hay que hacer con los recursos públicos. Qué bueno que ya acabó la impugnación mediática y que con el documento de 134 páginas que contiene las 66 observaciones, enviado el 30 de noviembre, inicie ahora sí la impugnación jurídica.
Sin embargo, no pueden olvidarse aspectos clave que han conducido a esta confrontación. Es injustificable que en los 68 días que corren desde la presentación del paquete económico hasta su aprobación, el Ejecutivo Federal no pudiera construir una mayoría. Eso sí, tuvo el tiempo para conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 122 constitucional para obligar al DF a cubrir parte del costo de la educación básica. Para los responsables dentro del Ejecutivo Federal primero fueron los viajes y los eventos con artistas. Y algo que parece de lo más delicado cuando se ejercen funciones públicas: abandonar las reuniones de comisiones y el recinto legislativo cuando el honor y la ética pública exigen morir en la línea.
Es hora de concentrar el debate público en lo trascendental en materia del Presupuesto de Egresos: el derecho del Ejecutivo federal a hacer observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados; el nuevo modelo de planeación, programación, presupuesto, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas acorde a los nuevos tiempos, así como acotar la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio del gasto y la de la Cámara de Diputados en cuanto a las reasignaciones de gasto.
Es lamentable que este debate público no se dio en su tiempo y que sea a través de una controversia que la Suprema Corte de Justicia dirima lo que le corresponde a cada poder en materia presupuestaria. La incompetencia y la falta de visión de no haber previsto que la reforma constitucional de la fracción cuarta del artículo 74 requería un nuevo marco jurídico para realinear el equilibrio de poderes y diseñar un proceso presupuestario nos están saliendo muy caras.
En este espacio editorial he venido exponiendo y advirtiendo desde tiempo atrás las debilidades del proceso actual pero también como legislador, junto a Beatriz Paredes y David Penchyna, dejamos la iniciativa de la Ley Federal de Presupuesto Público, y con el apoyo de Salvador Rocha Díaz planteamos las reformas a los artículos 26, 74 y 126, que habrían evitado este enfrentamiento. Salvo por las observaciones que hace en defensa de la propuesta de gasto del Poder Judicial y de los requerimientos para emprender el censo fiscal que a su vez dan respaldo a una recaudación adicional de 20 mil millones de pesos contemplada en la Ley de Ingresos, la gran mayoría de éstas las dirige a sostener la tesis de que sólo el Ejecutivo federal tiene la exclusividad de crear programas o proyectos, así como decidir a quién otorga subsidios.
Esto resulta muy extraño e incongruente, pues lo registrado desde 2001 muestra que ha sido proclive a interpretar la Constitución a su conveniencia. ¿Estará lista la administración del presidente Fox para que la midan con la misma vara en el momento de la revisión de la Cuenta Pública?
