“Esto se da en distintos puntos del país desde tiempos remotos; es el México que no termina de irse... es el México profundo”.
Andrés Manuel López Obrador, julio 2001
Una de las funciones básicas del Estado es proporcionar justicia y seguridad: por eso tiene el monopolio legal del uso de la fuerza. Si fracasa en esta responsabilidad, el vacío lo llenan distintos grupos de la sociedad. El resultado, como lo vimos ayer en el linchamiento de tres policías preventivos federales en Tláhuac, es empujar a la sociedad a la Ley de la selva.
Las noticias de linchamientos se han convertido en una constante en los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos. La última es ésta que tuvo lugar el 23 de noviembre en el pueblo de San Juan Ixtayopan, en la delegación capitalina de Tláhuac, donde tres policías federales fueron golpeados brutalmente y dos de ellos quemados vivos.
La lista de linchamientos recientes, sin embargo, es mucho más amplia. En algunos casos -la mayoría- las víctimas han sido simplemente golpeadas; pero varias personas han sido asesinadas en linchamientos en los últimos años. Está ahí el caso de Carlos Pacheco Beltrán, muerto en Magdalena Teplacalco, Tlalpan, en julio de 2001. El linchamiento de San Juan Ixtayopan, por otra parte, no es el único en que la víctima ha sido quemada viva. Aún recuerdo con angustia las dramáticas imágenes del video del linchamiento y quema de Rodolfo Soler Hernández en Tatahuicapa, Playa Vicente, Veracruz, en 1996. Muchas de las víctimas de los linchamientos sufren un castigo excesivo por delitos relativamente menores. Carlos Pacheco Beltrán, por ejemplo, murió por una brutal golpiza que le rompió muchos de los huesos de la cara y le hizo estallar las vísceras; su presunto delito era el robo de unos “milagros” con que los fieles de la iglesia de Santa María Magdalena agradecían favores recibidos. Otros, son castigados injustamente por delitos que aparentemente no cometieron. Para justificar su linchamiento, Soler Hernández fue acusado de violación y homicidio por un grupo de pobladores de Tatahuicapa, pero todo parece indicar que su único pecado fue haberse bañado en calzones en un río a corta distancia del lugar en que se halló el cuerpo de una mujer asesinada.
¿Por qué recurren los pueblos mexicanos con tanta frecuencia al linchamiento? Una respuesta es que perciben un alto grado de impunidad de los criminales. Las estadísticas oficiales muestran que en México más del 95 por ciento de los delitos denunciados nunca son castigados. La cifra real, si se incluyen los delitos no reportados, es sin duda superior. Lo importante, empero, es que el mexicano tiene la visión de que en nuestro país simplemente no se hace justicia.
Otra razón por la cual se cometen los linchamientos es –simplemente- porque se pueden hacer y se pueden hacer con facilidad y sin consecuencias. En los últimos años se han registrado decenas de casos de linchamientos en nuestro país. En varios de ellos la autoridad no se atrevió a intervenir. En una revisión del material informativo disponible no he encontrado una sola instancia de alguien que haya sido condenado por participar en un linchamiento. La gente sabe que lo que hace a la sombra de una multitud nunca le generará una responsabilidad legal.
Esta misma impunidad la gozan quienes realizan crímenes al amparo de organizaciones políticas. Está ahí el caso reciente del homicidio de Serafín González, asesinado a palos por un grupo de militantes del PRI en el pueblo oaxaqueño de Huautla de Jiménez por manifestarse en contra del candidato priista Ulises Ruiz. A pesar de que los responsables fueron identificados desde un principio, la autoridad se ha resistido a actuar. A cuatro meses de distancia, una sola persona está siendo procesada por el caso, pero la acusación ha sido rebajada de homicidio calificado a homicidio en riña para impedir que el responsable pise la cárcel.
Dicen que la naturaleza aborrece el vacío: si por alguna razón ocurre uno, la naturaleza entera se vuelca a llenarlo. Eso sucede también en la sociedad: cuando el Estado abandona su monopolio del uso de la fuerza, como ha sucedido en México en los últimos años, siempre hay alguien dispuesto a llenar el vacío y hacerse justicia por propia mano, aunque la supuesta justicia no sea más que el linchamiento de un inocente.
Violencia
El 46.6 por ciento de las mujeres (según el INEGI) ha tenido cuando menos un incidente de violencia en su propio hogar. Muchas piensan que no pueden ni deben hacer nada al respecto porque es parte de la condición de ser mujer. Este círculo vicioso sólo se romperá si las mujeres se dan cuenta que tienen derecho a vivir en paz y a que el Estado las proteja de la violencia familiar.
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