El Estado mexicano está aún muy lejos de hacer realidad los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución. Más todavía, los tres órdenes de Gobierno, que tienen a su cargo la conducción del Estado, aún no pueden brindar lo básico de cualquier Estado moderno: seguridad a la vida de las personas y a su patrimonio; la aplicación de la Ley como algo cotidiano y no como la excepción y el acceso a oportunidades de desarrollo personal y colectivo que nos acerquen al principio de igualdad. Esta brecha entre lo que deseamos y lo que hemos sido capaces de lograr en el lugar que residimos dentro del territorio nacional es, sin lugar a dudas, una de las mediciones más contundentes de nuestro grado de desarrollo o de subdesarrollo.
Lo anterior no es fruto de la casualidad sino de la incapacidad de consolidar la hacienda pública desde hace casi dos siglos. La historia de la lucha por un México independiente y soberano es también la historia de la debilidad, de la capacidad de hacer del Estado mexicano originada, en parte, por la insuficiencia de ingresos, el dispendio e inversiones equivocadas.
No hemos podido generalizar la obligación de todo mexicano a contribuir para los gastos públicos de manera equitativa y proporcional. En el colectivo nacional pareciera no existir la vinculación de que a más responsabilidades del Estado corresponden también más contribuciones. Tampoco hemos podido llegar a una aceptación generalizada de que al vivir en una República, no debe haber privilegios, que no hay impuestos sino contribuciones.
Esta es una de las características que nos hace ser ciudadanos activos, y es también una forma de participación. Nos sorprendió el bajo número de electores que acudieron a las urnas en julio pasado, pero poco decimos del bajo número de contribuyentes. Somos más de 104 millones de mexicanos, con más de 65 millones con credencial de elector; más de 42 millones en la población económica activa, y casi 15 millones de trabajadores que cotizan en los distintos sistemas de seguridad social. En cambio sólo hay muy pocos contribuyentes con obligación a presentar declaración de Impuesto Sobre la Renta: son sólo 514 mil personas morales, 5.2 millones de personas físicas con actividades empresariales, y menos de dos millones de personas físicas con actividades no empresariales.
Tenemos que unir los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno para combatir una evasión fiscal que asciende a más de cinco puntos del Producto Interno Bruto; para abatir la elusión; facilitarle los trámites al contribuyente y darle seguridad jurídica.
Por todo ello, entre otros muchos aspectos, vale la pena tener una Convención Nacional de la Hacienda Pública. Es una oportunidad inigualable, pero a su vez también representa una prueba para nosotros mismos de que tenemos la capacidad de trabajar juntos para ser ciudadanos: ejercer todos nuestros derechos y cumplir todas nuestras obligaciones.
Qué bueno que será una convención que vaya más allá de lo fiscal, pues hay que precisar y definir mejor entre los tres órdenes de Gobierno lo siguiente: las responsabilidades; los recursos necesarios para darles cumplimiento; el tema delicado del endeudamiento público, su acceso, su destino, su fuente de pago; también es fundamental avanzar en materia de transparencia de los ingresos, el gasto, la misma deuda, y el patrimonio. De ahí la importancia de la contabilidad gubernamental. Este es un aspecto en el cual presentamos un rezago y que es básico atender.
Para no decepcionarnos, sin embargo, más vale fijarnos metas más modestas y en especial más específicas, porque sin ellas no habrá más recaudación ni seguridad. Ejemplo de lo anterior son: la depuración del registro de contribuyentes, el cual tiene que ser compartido entre los tres órdenes de Gobierno; el catastro público y, por qué no, el registro nacional de vehículos. Ya nos demostramos que sí podemos tener un registro confiable y que hoy en día es base para acreditar a las personas. Me refiero a la credencial de elector.
Sin estos elementos, difícil será aumentar la recaudación de impuestos ampliando el número de contribuyentes. No necesitamos más impuestos, necesitamos contribuciones fáciles de cobrar, pagar y registrar. ¿Estaremos listos? Yo estoy cierto de que sí y tenemos en la Convención Nacional de la Hacienda Pública la oportunidad de construir unidos una mejor infraestructura institucional.
Es positivo conocer las demandas de los gobiernos estatales y municipales, pero no por ello olvidemos las funciones federales y que hemos alcanzado la estabilidad macroeconómica. Desde luego que esto no es todavía suficiente, pero tampoco debe ser la causa para olvidarse de que las funciones federales deben disponer de los recursos suficientes para salvaguardar a la Federación. Sin ésta, un estado o un municipio por sí mismo no podrá asegurar su necesaria supervivencia.
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