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Panamá, Panamá.- Las democracias de América Latina están amenazadas por la corrupción y factores internos de los países, más que por el militarismo o riesgos externos, advirtieron ayer aquí representantes de partidos políticos de la región.
“En muchos de nuestros países la democracia no está amenazada por el militarismo, sino por la corrupción”, afirmó el candidato presidencial opositor de Panamá, Martín Torrijos, en un encuentro interpartidario de Centroamérica, el Caribe y México.
Torrijos, secretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sostuvo que los líderes políticos tienen la responsabilidad de atacar la corrupción para preservar las democracias porque el flagelo afecta la institucionalidad de los países.
Por su parte el delegado del Partido Socialista Francés, Jean Kourliandsky, planteó que los riesgos de la corrupción sobre la democracia han llegado a considerarse incluso como amenazas ligadas al terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Pero advirtió que el combate a la corrupción y el terrorismo ha encontrado “paradójicamente argumentos de pérdida del sentido institucional y moral de parte del mundo que pretende ser libre y ejemplar”.
Kourliandsky consideró que las democracias fueron corrompidas cuando Estados Unidos, Inglaterra y España hablaron de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak para justificar su ataque del año pasado al país árabe.
El político europeo estimó que los problemas de la corrupción ligados al terrorismo deben resolverse en un marco de cooperación internacional contrario a las actuales tendencias unilaterales que son una “contradicción de los principios que uno dice defender”.
“Unilateralismo y guerras preventivas es el nombre actualizado de la ley del más fuerte, cuyas consecuencias históricas negativas a veces dramáticas conocemos desde largo tiempo”, agregó el socialista francés.
En los planos locales, Kourliandsky recomendó combatir la corrupción mediante “equilibrios democráticos” con una verdadera independencia de los poderes estatales, profesionalización de los funcionarios y financiamiento público de las campañas electorales.
