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México, DF.- La fracción parlamentaria del PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhortó a la PGR y a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, un informe de las investigaciones sobre el asesinato de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.
Al cumplirse hoy nueve años del crimen en contra de campesinos de Guerrero, también consideraron que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe al Congreso de la Unión cuáles son los avances en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso.
El diputado federal del PRD, Bernardino Ramos Iturbide, promotor del punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado deben informar en breve cuáles son los avances y el estado de las indagatorias.
En entrevista recordó que los expedientes 423/A1/2001 y 163/A2/2002 acumuladas y PGR/FEMOSPP/016/2002, abiertos por denuncias de los familiares y organizaciones no gubernamentales, forman parte de las recomendaciones establecidas por la Comisión Interamericana en el informe 49/97 relativo al caso 11,520 de Aguas Blancas.
“Se está exhortando al titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, para que determine la acumulación de todas las averiguaciones previas abiertas con motivo de la masacre de Aguas Blancas en una única averiguación, garantizando la imparcialidad de las investigaciones que de ella se deriven.
Refirió que este 28 de junio se cumplen nueve años de la masacre de Aguas Blancas, donde 17 campesinos perdieron la vida y alrededor de 25 quedaron lesionados, algunos de suma gravedad, por la emboscada de la que fueron objeto por parte de las fuerzas policíacas del Gobierno del estado de Guerrero, encabezado en aquel entonces por Rubén Figueroa Alcocer.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó que nada ha valido la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala en su resolutivo tercero que existieron graves violaciones a los derechos humanos por la masacre de Aguas Blancas resultando responsables de esta violación el entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer.
Asimismo, José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex director general de Gobernación.
“A pesar de la contundencia de la resolución emitida por la Suprema Corte, la Procuraduría General de la República se negó a atraer las investigaciones del caso y dejó que la procuraduría de justicia del estado, órgano evidentemente parcial tratándose de hechos en los que se encontraban implicados altos funcionarios estatales”, sostuvo.
