“No se gobierna sin culpa”
Saint Simon
La política no es terreno exclusivo de los deseos. Lo deseable se topa con lo posible. La labor del político de verdad es extender lo deseable siempre hasta los límites. Los que ceden antes son pusilánimes o cobardes. Pero los que se encaprichan con sus deseos son redentores, no políticos, pertenecen a otra estirpe. Finalmente aquellos que carecen de deseos, en la visión de Aristóteles, están más cercanos a las bestias. “De cara al futuro, entenderemos lo que es nuestra Nación. No la perdamos, urgente es conciliar”. Esto fue el 19 de febrero pasado. Habla el Secretario de la Defensa.
En entrevista posterior suelta la palabra perdón. Unos meses después, el miércoles pasado, el general secretario vuelve sobre el tema “De cara al futuro. Creo que debemos poner atención en que no se nos vaya la Nación de las manos”. Más adelante retoma su línea: “Son tiempos de conciliar, es necesario saber perdonar en estos momentos”.
En dos ocasiones vincula un país en riesgo con la necesidad de conciliar, de perdonar. Pero, ¿de qué habla el secretario? ¿Hay acaso algo que no estamos viendo? El general Clemente Vega García es un hombre de gran preparación. No le gusta el protagonismo y no suelta palabra sin calcularlo. Su lenguaje es críptico. Los militares en México no hablan. Algo queda claro: el general está preocupado. Lleva tiempo estándolo.
Dos pudieran ser los motivos de la preocupación del militar, por un lado la violencia, la que está vinculada al narcotráfico y la callejera que ha colmado a la sociedad. No es casual su declaración después de la marcha. Por el otro el general sabe que en las próximas semanas el Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto pudiera solicitar las detenciones de políticos de primer nivel, el expresidente Echeverría incluido, como potenciales responsables de la matanza del diez de junio de 1971.
En la lista también podrían estar un grupo de mandos militares vinculados a la “guerra sucia”. El Presidente Fox prometió claridad sobre el pasado. Nadie puede argumentar en contra, menos aún un miembro de su Gabinete.
El problema es más complejo. Las investigaciones están llegando al final de una etapa. La pregunta sigue en el aire, ¿qué desea el régimen: la verdad jurídica, la verdad histórica o un acto de populismo político? El Fiscal Carrillo Prieto tiene la obligación de perseguir la verdad jurídica hasta sus últimas consecuencias. Pero puede ocurrir que ésta no deje satisfecho a nadie.
A Nazar Haro se le tiene detenido. Al comandante De la Barreda se le persigue en un proceso mucho más endeble. La ley castrense ha tocado a varios mandos. Pero nada basta, porque la expectativa creada durante la campaña del 2000 pretende enterrar simbólicamente al régimen priista, todo él. Todos asesinos, todos responsables, todos al paredón.
Es quizá esa tentativa perversa la que preocupa al general secretario. No es la actitud del Fiscal sino el botín político que se prometió lo que podría torcer el rumbo. Las instituciones no se equivocan, los hombres sí. Pero por perseguir a los hombres se puede herir a las instituciones. Además sólo se está leyendo un lado de la historia. El Ejército, en silencio, tiene una versión muy diferente. Nadie puede defender las atrocidades cometidas durante la llamada “guerra sucia”. Pero nadie debe olvidar los crímenes cometidos por los sublevados. Robaron, secuestraron, mataron porque creían ser dueños únicos de la verdadera justicia.
Tres décadas después, convertidos en mártires, en héroes, terminan por ser en el único referente. Esa historia, falsa por parcial, puede conducir a una confrontación nacional. Vega García debe conocer el listado de los efectivos del Ejército Mexicano muertos en esas acciones. Vega García debe sentir los movimientos internos que le avisan que la historia no podrá concluir con la condena a una de las partes sin escuchar la verdad de los otros.
El Ejército Mexicano tiene una historia qué contar. No va a ser ni popular ni “políticamente correcta”. Al empuñar las armas, al dispararlas, al poner las bombas, al secuestrar se convirtieron en enemigos del Estado. El Ejército está para defender las instituciones. Claro lo deseable sería que en esa defensa del Estado no hubiera atropellos y asesinatos. En realidad lo deseable sería que no hubieran levantamientos. Pero el hubiera de poco nos sirve.
¿Cómo conducir esto a buen puerto? En España, caso de transición que con frecuencia nombramos como ejemplar, simplemente no hubo indagación oficial. Se calcula que entre 1936 y 43 hubo alrededor de 150 mil desaparecidos, independientemente de las bajas de guerra. En México la cifra más alta que incluye todo tipo de desapariciones es cercana a los 800 casos. No minimizo la cifra. Cada ser humano desaparecido o muerto es un horror. Pero tampoco podemos ignorar las proporciones. Ni múltiples tumbas clandestinas como en Argentina, ni estadios repletos de detenidos como en Chile.
Por cierto, ni Garzón pudo atrapar a Augusto Pinochet. Nadie duda sin embargo de su responsabilidad. La verdad jurídica no se puede negociar. A partir de la decisión de la Corte sobre la no prescripción de la desaparición forzada se amplían las posibilidades del Fiscal. El problema es que es ese trance el Ejército no se puede quedar callado. La retórica justiciera miente al sólo presentar una versión de las cosas. Revivir la otra historia despertaría furias hoy contenidas. Conciliar es la propuesta del militar, calmar el hambre de sangre de algunos, por lo menos no instigarla.
Durante los últimos cinco años, uno de campaña y cuatro de gestión, se ha alimentado una ira que difícilmente encontrará satisfacción en la verdad jurídica. El régimen es en parte responsable de la desproporción entre las expectativas y la realidad. Es un callejón sin salida.
Vega García nos propone mirar hacia el futuro, olvidar. ¿Se trata acaso de proteger a los asesinos? Imposible. Asumir que la revisión de ese pasado no tiene una solución feliz para nadie es parte del reto. Es más, pudiera desgarrar a la Nación. La satisfacción justiciera de pocos podría tener un costo para decenas de millones. ¿Qué va primero? Es una trampa de la cual debemos salir. Ya no estamos en el terreno de lo deseable, sino de lo posible. El olvido no es concesión sino la salida racional con menos costos. Nunca será orgullo. La amnistía de finales de los setenta fue en parte resultado de la impotencia del estado para procesar a todos los involucrados en movimientos armados y subversivos.
En el 2004 es irreal castigar a todo un sistema. Más aun pretender que los afectados se queden con las manos cruzadas. ¿Quién dará el paso? El error inicial fue falsear la historia, politizarla, caricaturizarla, convertirla en mercancía. Por eso no podemos digerirla.
