Cuencame| Abogados se han dedicado a extorsionar a personas
EL SIGLO DE TORREÓN
A pesar de tener un amparo desde septiembre, comerciante es puesto en libertad hasta el 14 de octubre
CUENCAMÉ, DGO.- El pasado 14 de octubre recuperó su libertad el comerciante sonorense, Pedro Roberto Amarillas López, quien se encontraba preso desde el 22 de agosto acusado de un fraude por 3.8 millones de pesos porque presuntamente no pagó decenas de toneladas de carne, a pesar de que un juez federal le concedió un amparo a finales de septiembre, el juez mixto de Primera Instancia lo liberó 20 días después.
Este comerciante es originario de Sonora, pero radica en Guadalajara, Jalisco y al igual que otros comerciantes de diferentes puntos de la República Mexicana han sido víctimas de un grupo de abogados que al menos en el último año se han dedicado a presentar este tipo de denuncias para luego exigirles fuertes cantidades de dinero para otorgarles ?el perdón?.
Los afectados formaron un frente común y denunciaron las irregularidades que se presentan en los Juzgados Mixtos de Primera Instancia de los municipios de Cuencamé, Nombre de Dios y Santiago, donde los seudo-abogados encabezados por Rafael Martín Domínguez Puente, presentan las denuncias contra los comerciantes, curiosamente en todos los casos el supuesto defraudado es Fernando Soria Rentería, que aparece como propietario de las empresas Comercializadora Sianuri y Grasas y Derivados Mr. Soria.
Jaime Godina Machado informó que están esperando que el procurador de Justicia de Durango, José Luis Carrillo Rodríguez y el subsecretario de Gobernación, Felipe González González, les concedan una audiencia para exponer esta problemática, el entrevistado es un comerciante de Aguascalientes que también estuvo detenido acusado de fraude.
Entrevistado vía telefónica, Godina Machado dijo que el juez mixto de Primera Instancia, Aurelio Martínez Murguía, no quería liberar a Pedro Roberto Amarillas López aunque existía un amparo otorgado por un juez federal.
Actualmente sigue detenido en la cárcel municipal, Héctor González Becerril, comerciante de la Central de Abastos del Distrito Federal, a quien le exigen la liquidación de un millón 895 mil pesos porque no pagó 50 toneladas de queso.
El comerciante de Aguascalientes aseguró que desde hace algunas semanas interpusieron una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Durango y hasta el momento no les han dado información sobre los avances de su inconformidad.
El Siglo de Torreón intentó entrevistar a Amarillas López, su familia en el Estado de Sonora informó que el comerciante estaba descansando en una de sus propiedades para después retomar este asunto legal, pues aunque recuperó su libertad el proceso continúa y él debe demostrar su inocencia.
Hermetismo
Los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango mantienen el hermetismo y se niegan a proporcionar información en torno a la queja pública que presentó desde hace un mes y medio un grupo de comerciantes de diferentes Estados del país.
Los afectados exigen que se inicie una investigación porque aseguran que los jueces mixtos de Primera Instancia de varios municipios están incurriendo en una serie de irregularidades al otorgar ?facilidades? a un grupo de seudo abogados que interponen denuncias por fraude contra comerciantes de diferentes ciudades del país con la única intención de extorsionarlos y pedirles fuertes sumas de dinero con la condición de que sólo así retirarán los cargos.
El Siglo de Torreón intentó obtener la versión de los consejeros de la Judicatura, vía telefónica se dialogó con Francisco José Reyes Estrada, presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, esta persona dijo que él no podía dar información y afirmó que esto le correspondía al consejero, Jaime Plácido Rodríguez.
Este último también fue localizado vía telefónica y tampoco aceptó la entrevista, dijo que el único que podría dar información era Miguel Ángel Ramírez Vázquez y aseguró que este funcionario era el presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Al intentar la comunicación telefónica el número proporcionado por Plácido Rodríguez nunca fue contestado.
ANTECEDENTES
El pasado 16 de septiembre se publicó una nota sobre estas presuntas irregularidades, en esa ocasión se difundieron las entrevistas de cuatro personas que se dicen afectadas, a continuación se hace un resumen sobre estas historias:
· Jaime Godina Machado, comerciante de Aguascalientes, arrestado el nueve de mayo de 2004, se le acusaba de que no había pagado unos neumáticos para trailer, pagó 30 mil pesos para que lo liberaran.
· Yolanda Herrera Moreno, empleada de la empresa Comercializadora y Distribuidora de Bari S. A. de C. V., de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se le acusaba de que no había pagado varias toneladas de frijol, el denunciante exigía el pago de un millón y medio de pesos. Recuperó su libertad el 25 de agosto después que sus familiares pagaron 200 mil pesos en efectivo, además entregaron un automóvil Derby 2001 y una camioneta, esto consta en el expediente judicial, la mujer asegura que su padre entregó 70 mil pesos y que también fue despojado de una casa que tenía en la ciudad de Torreón, misma que está ubicada en la calle 17 a tres cuadras del Hospital Infantil Universitario, con un valor estimado de 500 mil pesos.
· Héctor González Becerril, comerciante de la bodega en la Central de Abastos del Distrito Federal, el primero de septiembre le cumplimentaron una orden de aprehensión y le exigen el pago de un millón 895 mil pesos por 50 toneladas de queso. Este comerciante sigue preso en la cárcel municipal porque no aceptó pagar los 150 mil pesos que le exigían para retirar la denuncia.
· Pedro Roberto Amarillas López, originario de Sonora, pero radicado en Guadalajara, Jalisco, fue acusado de fraude porque presuntamente no pagó 3.8 millones de pesos por varias toneladas de carne. Lo detuvieron el 22 de agosto y le exigían 300 mil pesos, después 150 mil pesos y él no aceptó, recuperó su libertad el 14 de octubre al obtener un amparo.
· El dos de octubre se publicó la historia de Moisés Hernández Colis y sus hijos Moisés y Ricardo, de apellidos Hernández Payán, a estos comerciantes de Monterrey les exigieron el pago de cinco millones 615 mil pesos, su abogado acudió a este medio de comunicación al ver que el caso era idéntico a los antes mencionados.
NOTA: Estas cuatro personas fueron denunciadas por Fernando Soria Rentería y afirman que el abogado, Rafael Domínguez Puentes, se encarga de hacer la ?negociación? con los comerciantes detenidos.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
