Los conflictos suscitados en torno del fraccionamiento Los Azulejos de Torreón, demandan del gobernador Enrique Martínez y del presidente Guillermo Anaya la debida atención. Lo anterior porque en el centro del debate judicial están las autorizaciones de fusión de terrenos otorgadas por las Direcciones de Desarrollo Urbano de estado y municipio, que determinan la superficie en la que se construyó el fraccionamiento.
Se trata de un litigio múltiple que enfrenta a Los Azulejos con otras empresas particulares y con campesinos del Ejido La Concha que alegan irregularidades en la inclusión de algunas parcelas en el proyecto. Esto último ha generado la orden de un Juez Federal que suspende toda inscripción en el Registro Público de la Propiedad relativa a este fraccionamiento, en tanto se decide a quién asiste la razón.
La cuestión rebasa la esfera de los intereses particulares y desborda lastimando a una parte significativa del cuerpo social, en razón del número de afectados actuales y potenciales y la importancia del monto patrimonial implicado. Lo anterior sea dicho sin dejar de mencionar las repercusiones negativas sobre el mercado inmobiliario regional y la pérdida de la confianza en el marco jurídico del estado de Coahuila, de cara a la inversión de capitales que requiere la Comarca.
Es menester que autoridades y demás protagonistas hagan un frente común para rescatar este proyecto inmobiliario que es clave para el desarrollo de La Laguna, antes que sea demasiado tarde. En este reparto de responsabilidades en el que ninguno de los involucrados está exento, el liderazgo y la voluntad política, desde luego corresponden a quienes gobiernan en nuestro estado y municipio.
