Los políticos de hoy en día parecen creer que nadie se da cuenta de sus intenciones. No desean otra cosa, según el contenido de la petición de acrecentar el texto de los artículos constitucionales, que ponerle piedras en el camino a alguno de los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente de la República.
La iniciativa, que da lugar a este comentario, la presenta la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional proponiendo adiciones al artículo 82 Constitucional que habla de los requerimientos necesarios para ser Presidente.
De los agregados más importantes sobresale la necesidad de que el o la interesada a), acrediten, con un dictamen médico, no sólo su salud física sino también la mental, b), que compruebe ante la autoridad electoral tener capacidad, probidad y experiencia para ejercer el cargo y c), que demuestre tener estudios de nivel licenciatura y cédula profesional, expedidos con diez años de anterioridad al registro de la candidatura.
Esto desde luego, da al traste con la idea democrática de que cualquier ciudadano mexicano pueda acceder al cargo de Presidente. Somos 100 millones, de los cuales suponga usted que un número equivalente al 80 por ciento cumplan el requisito de ser mayores de 35 años, en pleno goce de sus derechos, aún careciendo de título universitario.
Me pregunto, una vez que terminó la Revolución, los generales ocuparon la Presidencia, luego vinieron los abogados y posteriormente los economistas, ¿cuál sería la ventaja si consideramos que en los últimos cuarenta y dos años hubo en la silla presidencial un profesionista? El hecho de tener cédula profesional los hizo mejores presidentes? ¿Los mexicanos vivimos en jauja a partir de sus administraciones?
Cabría decir que sin que aparezca en la Ley fundamental ya existe un requisito extra legal que impide a la mayoría de los mexicanos soñar con dirigir los destinos del país desde la primera magistratura, que es: Ser millonario o tener la picardía de conseguir un Lino Korrodi para recabar fondos, en donde sea. Esa es, en estos años, una limitante insalvable a la que se ha querido controlar poniendo topes a los gastos de campaña, pero mientras no cambie la idea de que es el sagaz el que triunfa, todo será inútil.
En lo que se refiere al dictamen pericial de un profesional de la medicina que certifique el pleno uso de las facultades mentales del aspirante, de aprobarse la sugerencia, no tendría resultados positivos dado que constituye un filtro por el que todos podrían colarse. Uno que otro quedarían eliminados.
En cambio al extenderse la obligación de exhibir un documento de ese jaez, después de tomar posesión del cargo, que es cuando los presidentes empiezan a mostrar delirios de grandeza, la gran mayoría no pasaría la prueba. Está demostrado hasta la saciedad que se apodera de sus psiquis una paranoia con síntomas que se monta sobre una simple fase hipomaniaca.
Y pasando a otro de los requisitos, con el que se quiere engrosar los que ya existen, lo peor que puede pasar es tratar de justificar la probidad. El general Álvaro Obregón, contaba que entre los escombros, resultado del mismo obús que le arrancó de cuajo un brazo, sus ayudantes no encontraban la extremidad por lo que tuvieron que recurrir a la estratagema de arrojar una moneda al aire la que no cayó al piso porque, ante la sorpresa de todos los que allí se encontraban, fue atrapada por la mano unida al brazo cercenado, que como por ensalmo, surgió de entre lo cascotes. Aquello de que todos son honrados pero ninguno es honrado, honrado, honrado es justamente lo que impide que se agregue al texto constitucional, porque viéndolo bien ¿cuál político, que lo haya sido por algún tiempo, llenaría ese requisito? ¿Qué acaso queremos hacernos tarugos?
Bueno, aún falta mucho para que estos cerrojos se plasmen en la Constitución, si es que se incluyen. Tendría que ser aprobados por la Cámara de Diputados, que la mandaría a la de Senadores, yendo luego a pasar por el cedazo de las Legislaturas estatales. Un largo recorrido le espera si es que los diputados, de buenas a primeras, no la mandan al congelador.
Pero, supongamos que ya fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación. Los nuevos preceptos de nuestra máxima carta legal establecen que el hijo, el hermano o la esposa del Presidente en funciones son eliminados como posibles aspirantes. Es aquí donde los lobos enseñan las orejas. Su deseo no es otro que impedir que Marta Sahagún de Fox pueda asumir la candidatura. Por eso estamos como estamos.
Se pierde el tiempo miserablemente tratando de cerrarle el paso a una buena señora que, en el mejor de los casos, uno de los candados que ya contempla la Constitución le impide ser candidata, que es: Haber desempeñado el cargo de Presidente durante la gestión de su marido.
