EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Los cerca de 50 internos del sistema penitenciario de Coahuila que no cuentan con la atención médica óptima para asegurar su vida al cumplir su sentencia, son evidencia del abandono que sufren los reclusos en toda la Entidad, asegura la diputada Beatriz Granillo Vázquez.
La readaptación social, dice, no es un problema de venganza social. En la cárcel se deben purgar condenas bajo la premisa del Derecho Constitucional. “La prestación de este Derecho nos obliga a revisar de manera prioritaria el caso de la población penitenciaria a la que no hemos podido tutelar el bien fundamental de la salud y el derecho a la vida”.
A la población que padece hepatitis, señala, hay que añadirle los cientos de infectados o portadores del VIH, SIDA, los discapacitados o los adultos mayores, cuya condición especial o padecimiento no están siendo atendidos a cabalidad por la autoridad responsable de la ejecución de sentencias penales, que es la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.
Sin querer abrir la controversia sobre la responsabilidad del Estado en la materia de contagio, dice, los servicios sanitarios y de alimentación requeridos por esta población no se prestan y eso repercute en forma directa en sus expectativas de vida.
“Fundamos nuestro dicho en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, quien ha certificado la falta de tratamiento especial para esta población y lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Coahuila en su artículo 86, en cuanto a su asistencia tratamiento médico”.
Recordó el Punto de Acuerdo presentado por la legisladora y aprobado por el pleno en materia de ejecución de sentencias y readaptación social, que la Comisión de Seguridad ha venido desahogando desde hace seis meses, sin haber resultados concretos.
Una vez observados los reclusorios del Estado con la metodología del protocolo internacional de prisiones, destaca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos califica como deficiente la procuración de siete derechos básicos de la población penitenciaria coahuilense, lo cual motivó la recomendación de integrar una mesa de trabajo interinstitucional que busque la solución a la problemática del sistema penitenciario.
“No es mi intención hacer, una vez más, un recuento de la realidad penitenciaria. La muerte de internas afectadas y la falta de control que ha propagado los casos sin que a ciencia cierta sepamos cuántos afectados existen, nos obliga a denunciar la urgente necesidad de establecer una política emergente de ejecución de sanciones penales para un grupo especial de la población penitenciaria...”
Este sector de la población penitenciaria, dice, requiere tratamiento especial fuera de los centros de reclusión social, pues su alimentación no es balanceada, ni son higiénicas las instalaciones donde se recluyen, ni se les garantiza la integridad física y moral y no hay un control médico dentro de los reclusorios.
“No podemos castigar con violencia, olvido y discriminación a los discapacitados por sufrir una dolencia epidémica como la hepatitis C y el SIDA, quienes por la corrupción, el tráfico de drogas y la mala administración de los Ceresos, sigue creciendo”.
