“Es prudente abstenerse de amenazas o palabras contenciosas, porque no debilitan al enemigo, sino lo hacen más vengativo y cauteloso”.
Maquiavelo
Las manifestaciones son el gran recurso de los gobernantes autoritarios cuando enfrentan problemas. Adolf Hitler, Benito Mussolini y Josef Stalin organizaban grandes concentraciones populares cada vez que se sentían cuestionados. Lo mismo hizo José López Portillo después de estatizar la banca nacional en 1982. Hoy quienes recurren al expediente con frecuencia son Fidel Castro y Hugo Chávez.
La razón es muy sencilla. Los gobernantes autoritarios no pueden o no quieren recurrir a procesos judiciales o electorales para reafirmar su autoridad. De ahí que el desplante de apoyo popular —entre más masivo más efectivo— sea inevitable para ellos. Las grandes concentraciones de masas, después de todo, son en política una amenaza al enemigo. Y un gobernante autoritario necesita la amenaza para mantenerse en el poder.
Andrés Manuel López Obrador dista mucho de ser un dictador como los que he mencionado. Podrá uno estar de acuerdo o en desacuerdo con sus políticas, pero hasta el momento se ha mantenido dentro de los límites de la Ley y la democracia. Eso no significa, sin embargo, que deje de ser inquietante ese espíritu autoritario que en la mayor crisis de su Gobierno, desde que comenzó el cinco de diciembre de 2000, lo lleva a recurrir al viejo expediente de organizar una manifestación de apoyo.
Uno de los puntos inquietantes de la manifestación que ayer organizó en su propio apoyo el jefe de Gobierno del Distrito Federal es el uso de recursos públicos para pagar una concentración de propósitos eminentemente políticos. Desde hace días Andrés Manuel anunció que llevaría a cabo la manifestación con el fin de explicarle a la gente directamente —sin intermedio de los perversos medios de comunicación— su posición ante los escándalos que han involucrado a gente cercana a él, como su ex secretario de Finanzas Gustavo Ponce, su ex secretario particular René Bejarano y el todavía jefe delegacional de Tlalpan Carlos Imaz. El que ahora diga que se tratará de un informe de Gobierno es un torpe intento de tapar el Sol con un dedo.
Pero lo que realmente preocupa de la manifestación es el despliegue de fuerza. López Obrador, como muchos gobernantes autoritarios del pasado y del presente, tiene la falsa idea de que la manera de comprobar una posición jurídica o ética es llenando una plaza con decenas de miles de personas vociferantes.
Lo peor de todo es que Andrés Manuel no tiene en realidad necesidad de usar este recurso neofascista. Los temores de que los videoescándalos pudieran hacer desaparecer su delantera en la carrera por la sucesión presidencial son infundados. México tiene un electorado que rechaza de labios para fuera la corrupción pero que es extremadamente tolerante de los corruptos. El Pemexgate, una pillería mucho más seria que los relativamente pequeños donativos de Carlos Ahumada Kurtz, no le hizo mella al PRI en las elecciones de 2003. No hay porqué pensar que los escándalos de Ahumada permanecerán en la memoria de los electores lleguen a las urnas en julio de 2006.
Por otra parte, Diego Fernández de Cevallos ya le ha dado a Andrés Manuel la conspiración que necesitaba. Fue el malévolo senador panista el que, en colaboración con Ahumada, filtró los videos a Televisa para hundir a un Gobierno de honestidad valiente. Para ofrecer esa versión de los hechos no se necesita una manifestación ni un desplante de fuerza. El propio Diego se ha encargado de difundir la versión en sus apasionadas declaraciones a los medios informativos en que dice que no quiere hablar de lo que habla constantemente.
La verdad es que no es importante saber cuánta gente acudió ayer a la manifestación de apoyo a López Obrador. Eso no revela más que la capacidad de acarreo del PRD capitalino. Lo relevante es entender por qué el jefe de Gobierno de la ciudad de México está recurriendo a una forma de operar que hasta ahora ha sido característica de gobernantes autoritarios.
Prometer no empobrece
“Yo nunca dije que iban a ser pruebas contundentes”, explicó este 12 de marzo López Obrador sobre su promesa de ofrecer pruebas de que Carlos Salinas, Vicente Fox, Marta Fox, la Secretaría de Gobernación, el Tesoro de los Estados Unidos y la DEA están detrás de los videos del escándalo. Pero la verdad es que no es ésta la primera vez que Andrés Manuel promete pruebas que no entrega. El 22 de abril de 2003 prometió pruebas para el 24 de ese mes de que los abogados (presuntamente Fauzi Hamdam y Diego Fernández de Cevallos) que litigaban contra el Gobierno del DF pretendían influir sobre los jueces. Cuando el plazo venció dijo “Estoy en huelga de pleitos” y no presentó ninguna prueba.
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