SALTILLO, Coah.- Tres maquiladoras de la industria textil de Parras de la Fuente, impiden la libre asociación de su personal en sindicatos independientes; a tal grado que una de ellas impone condiciones laborales a más de 70 trabajadores, violando el escalafón convenido con la empresa, con el fin de obligarlos a renunciar, según denunciaron los diputados locales Francisco Ortiz del Campo y Carlos Tamez Cuellar.
El segundo de los legisladores, dijo que conforme a quejas de los afectados puestas ante el Congreso local, las maquiladoras pertenecen a Textiles de Parras y elaboran pantalones casuales para caballero, de una marca transnacional muy conocida.
Tamez Cuellar, explicó que los trabajadores decidieron dejar su militancia de la CROC para integrar un sindicato afiliado al Frente Amplio de Trabajadores (FAT), lo que disgustó a los directivos de una de las empresas del consorcio pantalonero.
Dijo que este grupo de obreros de la Planta I, logró mejores condiciones de trabajo que sus compañeros de las plantas II y III, debido a que se integraron a un sindicato independiente de las filiales tradicionales.
?Sin embargo hace aproximadamente dos meses, de manera totalmente arbitraria toda una línea de producción de la Planta III fue trasladada a la Planta I, con las promesas de respetar sus condiciones laborales logradas, pero se violó el escalafón convenido con la empresa?, expuso el legislador.
Hizo notar que este tipo de violaciones a las condiciones laborales, son los riesgos que se corren al hacer depender la economía del estado en las maquiladoras, ?o dicho de otra manera, en capitales golondrinos?.
Indicó que las maquiladoras ponen en la disyuntiva a Coahuila, de escoger entre resolver el problema del desempleo y aceptar las condiciones laborales impuestas por las empresas o defender los derechos de los trabajadores, ahuyentando los capitales.
Por su parte, el diputado Ortiz del Campo, dijo que en los casos como el de Parras, los sindicatos oficiales trastocan su papel histórico de defender los derechos de los trabajadores, y se convierten en claros instrumentos de los patrones para que ellos controlen a los obreros violando la Ley Federal del Trabajo.
Ante esta denuncia, el Congreso decidió solicitar informes sobre este caso a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para vigilar que se respeten los derechos laborales de los obreros que están amenazados con del despido injustificado.
