EL PAÍS
Moscú, RUSIA.- Los sindicatos rusos organizaron ayer una protesta simbólica en contra de las ambiciosas reformas socioeconómicas previstas por el Gobierno, mientras la Duma Estatal (Cámara Baja del parlamento) comenzaba a debatir el paquete de Leyes sobre la vivienda que, entre otras cosas, revisan los criterios de reparto de pisos sociales gratuitos.
La Federación de Sindicatos Independientes (FSI), heredera de los sindicatos soviéticos, organizó manifestaciones en diferentes lugares el país, incluida Moscú. En esta ciudad cerca de mil personas se concentraron frente a la sede del Gobierno para protestar contra el desmantelamiento de las prestaciones sociales y sobre todo, contra la supresión del sueldo mínimo garantizado y el sistema de salarios unificado vigente en la sanidad y en la enseñanza. Si prosperan los planes del Ejecutivo, los trabajadores rusos dejarán de tener asegurados los 600 rublos al mes (menos de 20 euros) que estipula hoy la Ley y los maestros y médicos dependerán de los niveles salariales de sus respectivas regiones.
Habida cuenta de que la FSI agrupa a 48 sindicatos de rama y tiene 36 millones de afiliados (el 96 por ciento de los trabajadores del país), la protesta tuvo un carácter testimonial, encaminado sobre todo a justificar el salario y la autoridad de sus dirigentes, estrechamente vinculados con las instituciones de poder y con Rusia Unida, el partido de los seguidores del presidente Vladimir Putin, que es mayoritario en la Duma. Un millón de personas habrían salido a la calle en toda Rusia, afirmaba la FSI.
La mayoría de los rusos carece de información objetiva y amplia sobre la envergadura de las reformas en perspectiva, que afectan a millones de personas y presuponen enmiendas en centenares de Leyes. Con todo, los cambios en ciernes provocan una cierta inquietud y han comenzado a influir en la imagen del Gobierno ruso, que Putin identificó con una nueva etapa. La relación de los rusos con sus dirigentes “se ha enfriado”, sobre todo en lo que respecta al Gobierno dirigido por Mijaíl Fradkov, afirmaba el sociólogo Leonid Sedov. En mayo, un 47 por ciento de los rusos se mostraban descontentos del gabinete formado el nueve de marzo (frente a un 38 por ciento que aprobaba su gestión), según sondeos del centro de Yuri Levada. El predominio de los descontentos frente a los satisfechos afectó también al primer ministro que, con una correlación de 37 por ciento a 36 por ciento, empeoró su posición respecto a abril, cuando un 44 por ciento de los rusos aprobaban su gestión y un 36 por ciento no.
Putin se ha visto también afectado por cierta erosión, aunque sigue gozando de una alta popularidad. En mayo un 76.21 por ciento de los rusos valoraba positivamente su gestión (frente a un 79.19 por ciento en abril) y el Presidente seguía siendo el político en el que más confían sus conciudadanos.
Esos sondeos no medían aún la reacción suscitada por el proyecto de Ley para abolir las prestaciones sociales a cerca de 33 millones de personas, pero sí constataban una actitud negativa de la sociedad ante la reforma del sector de la vivienda. El paquete de 28 Leyes que la Duma comenzó a debatir ayer contempla, entre otras cosas, la restricción de las categorías de ciudadanos con derecho a vivienda social, el desahucio por impago y el desarrollo de la hipoteca. En primera lectura, la Duma aprobó el Código de la Vivienda, la primera Ley del conjunto, con un total de 337 diputados frente a diez en contra y la protesta de los diputados comunistas y del bloque Ródina, que abandonaron la sala.
En Rusia, casi 4.5 millones de familias se encuentran en cola para recibir una vivienda social y esperan para ello entre 15 y 20 años. El Gobierno confía en reducir la cola mediante programas especiales de construcción e hipotecas y simultáneamente, rebajar a un período de cinco a seis años el plazo de espera. A las viviendas gratuitas tendrán derecho los “ciudadanos con escasos recursos”, un concepto que cada región definirá según sus propias particularidades y nivel económico.
