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MEXICO, DF.- La Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de la Cámara de Diputados determinará el costo real de la crisis financiera de 1995, a través del análisis de los recursos federales destinados a cubrir pasivos del Fobaproa, así como de los saldos de la deuda asumida por el instituto y su evolución.
De acuerdo con el programa de trabajo de esta instancia legislativa, que preside Manuel Pérez Cárdenas del Partido Acción Nacional (PAN), habrá una coordinación con la Auditoría Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia para cumplir objetivos.
Lo mismo ocurrirá con el IPAB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda, “para lo cual será conveniente celebrar bases de colaboración con dichas autoridades”.
En el documento se establece que se revisará la administración de los pasivos; para ello se vigilarán el cumplimiento de la Ley de Ingresos, los procesos de control interno relativos a la emisión colocación de valores, así como una revisión de los costos asociados a títulos colocados por el IPAB en el mercado.
Asimismo, se evaluarán las condiciones financieras de créditos pactados directamente por el IPAB tanto con instituciones de banca múltiple como con bancos de desarrollo y se hará un análisis de la estrategia general seguida por el instituto en la administración de sus pasivos.
Respecto de la administración y enajenación de activos, el documento refiere que se revisará este programa y se hará un análisis sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable respecto del destino de los recursos obtenidos por los distintos procesos de enajenación.
Los diputados consideran hacer un análisis de los riesgos para el seguro de depósitos ante la alta concentración de capital en manos de extranjeros, la estructura del sector bancario y la concentración de activos en un número reducido de instituciones.
El análisis de las características generales del seguro de depósitos en México se concentrará en la estructura financiera, el andamiaje legal y operacional, así como los costos para el gobierno federal y los usuarios de la banca.
Habrá una evaluación del sistema de seguro de depósitos en México y comparación con mejores prácticas internacionales, así como de los requerimientos a las instituciones de banca múltiple en materia de divulgación de información y comparación con estándares internacionales.
También se hará un análisis para determinar “si la estructura administrativa con la que cuenta el IPAB es la adecuada o si, por el contrario, es insuficiente o excesiva”, por lo que se revisará el catálogo de puestos, los niveles existentes, el funcionamiento de su Junta de Gobierno y la administración a cargo del secretario técnico.
La comisión legislativa elaborará un informe de conclusiones para recomendar al Poder Ejecutivo adoptar las medidas conducentes para la corrección de las irregularidades, “que en su caso se determinen” y formular propuestas para conseguir que el IPAB sea un organismo más eficiente y logre la adecuada consecución de sus fines, especialmente el reconocimiento y respeto del público en general y de los ahorradores.
