El momento crítico en la controversia por la implementación del proyecto integral de modernización del transporte público, denominado Trans-Siglo, cuando ciudadanos matamorenses y transportistas, convocados y organizados por líderes priistas, bloquearon el bulevar Torreón-Matamoros y obligaron a camiones de la Promotora Ambiental a arrojar los desechos en el camellón central de la carretera, si bien -al menos en la forma- quedó atrás, deja secuelas.
Y es que la confrontación había llegado a tal nivel, que el gobernador Enrique Martínez se vio obligado a calmar los ánimos de concesionarios inconformes, mientras el líder del Comité Directivo Estatal del PRI, Miguel Arizpe Jiménez, hacía lo propio con los dirigentes municipales de Torreón y Matamoros… y dos que tres regidores.
En lectura amplia, los priistas laguneros cometieron un error fundamental, el cobijar e incluso organizar manifestaciones de protesta en contra de un proyecto autorizado por el Cabildo torreonense y con el visto bueno del Gobierno del Estado. Además, alentaron –por acción u omisión- el que las protestas tomaran una proporción que a nadie beneficia y a todos perjudica, especialmente a los ciudadanos.
El mensaje es simple: todo por la vía del diálogo, de la negociación política, bajo el imperio de los argumentos y nada, absolutamente nada que violente el orden legal. Enrique Martínez fue contundente ante los concesionarios que lo abordaron en Viesca: hay que frenar, eliminar las manifestaciones públicas de repudio que rayen en lo ilícito, como son los bloqueos de carretera y el secuestro de camiones de basura.
El líder del PRI en Coahuila, fue igualmente claro con sus cuadros laguneros: no se avalará ninguna acción que viole la Ley y si lo sucedido el miércoles en Torreón traerá consecuencias jurídicas, los responsables deberán afrontarlas.
Habría que aplaudir tanto al gobernador como al dirigente del tricolor por ese oportuno llamado a la calma y a rendir cuentas, pero lo realmente importante es que aquellos que son capaces de literalmente todo por perjudicar a una administración de signo partidista contrario, entiendan que la región transita por otra vía y que las demostraciones gratuitas de fuerza que bordean los límites de la legalidad, simplemente encuentran el repudio general.
