Una mala tradición de los gobiernos priistas, era que el último año de su administración tomaban todo lo que pudieran del erario público. Funcionarios y burócratas se despachaban con la cuchara grande. Había que aprovechar el último tramo.
En el pasado esta costumbre era fuertemente criticada por los partidos de oposición. El PAN y el PRD lanzaban consignas contra esa práctica que puede ya calificarse como de “usos y costumbres”, pero alejada de toda ética.
Paradójicamente los que antes gritaban, al llegar al poder justifican las compensaciones. La administración de Guillermo Anaya inicia su último año. Se desconoce si imitará el modelo priista de tomar todo lo posible antes de irse, esperemos por el bien de Torreón que no sea así. Sin embargo, lo que el Gobierno del Cambio ya institucionalizó fue diciembre como el “mes de Hidalgo”.
Nuevamente el alcalde otorgó a los directores un mes de sueldo como compensación, aparte de su aguinaldo. El criterio es porque hicieron un buen trabajo, sin embargo nadie conoce los parámetros de evaluación.
Así pues el Gobierno de Anaya ejerce sin el menor rubor su antidemocrática facultad de auto asignarse salarios, bonos, aguinaldos, compensaciones de fin de año, premios, distinciones y estímulos varios.
En un sondeo realizado por El Siglo de Torreón, la mayoría de los ciudadanos reprueban la medida. Mencionan que lo más justo sería que los funcionarios donaran un porcentaje de su bono a las clases más necesitadas. Petición a la cual no accedió Alfonso Tafoya, secretario del Ayuntamiento, ya que según él se merece el premio y es dinero bien habido.
Los empresarios también cuestionan la evaluación realizada por el alcalde. Y es que la justificación más recurrida en estos casos por los políticos, es que las empresas entregan compensaciones en este periodo del año. Olvidando que la administración pública no es una empresa, su trabajo debe estar orientado a una vocación de servicio y no de dinero. Por desgracia no es así, como ejemplo están las declaraciones del director de Seguridad Pública, Francisco Gutiérrez Pesquera, quien argumenta que trabaja horas extras y el bono es un pago. Nuevamente el compromiso de servicio queda en el olvido.
Pareciera que los funcionarios olvidan que sus sueldos se pagan con los impuestos de los ciudadanos. Y hasta el momento ninguna administración se ha molestado en preguntar a la población, si están de acuerdo con los bonos de compensación. Anaya tampoco lo hizo.
