Se revenden en este país productos que fueron recaudados para apoyar a las víctimas de la guerra.
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México, DF.- Los “tentáculos” del contrabando, que no reconocen fronteras ni saben de escrúpulos, han alcanzado ya incluso a la ayuda humanitaria destinada a naciones en desgracia y en vías de desarrollo, cuyos productos son comercializados en México sin control, denunciaron legisladores.
Así, lamentaron, el tráfico ilegal de alimentos se ha convertido no sólo en un cáncer económico para el país, sino también en un lastre social.
Toneladas de granos básicos donados por Estados Unidos para atender el estado de guerra y la hambruna de las poblaciones de Irak y África, entran a territorio mexicano sin pagar aranceles, por su condición de origen y aquí se venden a precios muy altos, revelaron diputados y organizaciones de productores.
Integrantes del Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM) recuerdan cuando, en 2001, tomaron por sorpresa las riendas de las garitas de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, y descubrieron que los contrabandistas pagan cuotas de 100 mil a 120 mil dólares diarios a los agentes para que dejen pasar sus cargamentos.
“Nos dimos cuenta de que hay una táctica muy discreta en donde los importadores enseñan una ficha de depósito bancario a favor de las autoridades aduanales para dejar pasar la mercancía sin revisión”, explicó el líder de la organización, Rangel Espinoza López.
El presidente del grupo de trabajo de combate al contrabando de alimentos de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Rafael Galindo Jaime, manifestó que esta actividad ilícita es producto de “una línea de corrupción que va desde las autoridades aduanales hasta miembros del Poder Judicial”.
En entrevista, el también legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que el tráfico ilegal de mercancías perjudica a la economía nacional y en particular a la rural, debido a “la corrupción y las componendas” que permean en funcionarios aduanales de las fronteras mexicanas.
En el colmo de este problema, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Suárez Carrera, deploró la venta en el mercado nacional de productos alimenticios estadounidenses donados a Irak y África como ayuda humanitaria.
“En los últimos meses han entrado de contrabando a México varios productos como el frijol, que han sido enviados como ayuda alimenticia por Estados Unidos a esa nación del oriente medio y países africanos donde se vive una situación de guerra y las consecuencias de la hambruna, respectivamente”, agregó.
La internación ilegal de ese tipo de alimentos, explicó Suárez Carrera, está en manos de intermediarios que no pagan los respectivos aranceles al ser considerados productos de ayuda humanitaria, mientras que en territorio nacional se cotizan alto para el consumidor final.
Para el representante popular perredista, esas ventajas ilegales en esta y otras modalidades de contrabando provocan pérdidas por más de 25 mil millones de pesos anuales a quienes participan en la cadena de comercialización de productos agroalimentarios mexicanos.
En el ramo fiscal, datos de la Confederación Nacional Campesina (CNC) precisan que el contrabando de alimentos genera una evasión del orden de tres mil millones de dólares al año, a consecuencia de “la desgravación arancelaria y las cadenas de corrupción institucionalizada”.
Ambos factores, según la CNC, han incrementado considerablemente el tráfico ilegal de básicos en el último año, al grado de que 40 por ciento del frijol, 30 por ciento del arroz y 20 por ciento de la carne que se consumen en México entra de manera ilícita por las fronteras norte y sur.
De igual forma, más de seis mil toneladas de maíz entran diariamente a territorio nacional como contrabando técnico y mediante documentos falsos las empresas importadoras violan también los denominados cupos (cantidades) establecidos en los acuerdos comerciales firmados entre México y otros países.
Con esta modalidad comercial (cupos) se impide la invasión al mercado nacional de un producto extranjero determinado, ya que se restringe la compra de los excedentes alimenticios de los socios comerciales del gobierno mexicano.
La Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que 95 por ciento del contrabando detectado en la República mexicana entra documentado con facturas apócrifas y amparos otorgados por jueces federales.
El administrador de Fiscalización Aduanera, Víctor Linares Acevedo, citó el ejemplo de que la mayor parte de las 2 mil 714 toneladas de azúcar decomisadas el pasado mes de marzo en el Distrito Federal, ingresó al país gracias a un amparo que facilitó la “triangulación” de mercancía.
Esto significó que el endulzante originario de Guatemala pudo llegar a México por la frontera norte con Estados Unidos, a partir de la ayuda de ese recurso legal.
La comercialización ilegal de azúcar en territorio mexicano quedó al descubierto con el decomiso antes mencionado y otro registrado en la ciudad norteña de Monterrey, donde se incautaron más de 400 toneladas de este producto básico procedente de Guatemala y Brasil.
Colombia, Costa Rica, Jamaica y Cuba son otras naciones desde donde se importa ilegalmente el endulzante, cuyo contrabando ha reducido en diez por ciento su precio en México.
Productores de caña del estado de Veracruz solicitarán a las autoridades federales se investigue la importación ilegal de azúcar procedente de Cuba y Jamaica, que es recibida y distribuida al mercado nacional desde un ingenio azucarero ubicado en Puerto Progreso, Yucatán, y otro en Campeche.
Comentaron que a ese lugar llegan decenas de toneladas del dulce provenientes de esas naciones caribeñas y en particular de la isla de Cuba, donde se “desviste el endulzante a fin de cambiar su costal de origen por uno que diga hecho en México”. Una vez modificada la envoltura, el producto es transportado por tierra en traileres irregulares hasta una bodega de la Central de Abasto de la ciudad de México y, posteriormente, se envía a las centrales del estado de México, Veracruz, Querétaro y Monterrey (Nuevo León), para su venta.
Esta actividad ya fue detectada por las autoridades aduanales de Veracruz, donde se presentó una denuncia de hechos, ya que la importación y comercialización ilegales de azúcar perjudica a casi 150 mil cañeros de todo el país.
La Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAREM) reveló que de noviembre a enero pasados se importaron 60 mil toneladas de azúcar por parte de nueve empresas amparadas contra el arancel (395.86 dólares por tonelada) impuesto por México, lo que significa la producción de aproximadamente 26 de los 58 ingenios del país.
Las empresas amparadas son Comercializadora Retamsa, Refrigerados La Rosita, Distribuidora de Químicos López, Comercializadora América de Oriente, Comercializadora Expando Internacional, Ipso Comercio Internacional, Integración Mexicana de Comercio, Importaciones y Exportaciones La Paz y Comercializadora Paniagua.
El presidente del FNDCM, Rangel Espinoza López, dijo que los productores agrícolas de Sinaloa se han percatado también de un “contrabando descarado en el que no se necesita documentos, sólo una mochada o mordida de dinero que se entrega a los agentes aduaneros”.
Recordó que inconformes con esta competencia desleal, en el año 2001 integrantes de esa organización tomaron la garita de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, para conocer el modus operandi de los contrabandistas de alimentos y así poder actuar conforme a derecho.
Durante el tiempo que desplazaron a los agentes aduanales, “los compañeros obtenían entre 100 mil y 120 mil dólares diarios de mordida y se dieron cuenta de que hay una táctica muy discreta en donde los importadores enseñan una ficha de depósito bancario a favor de las autoridades aduanales para dejar pasar la mercancía sin revisión”.
Por ello, productores agrícolas y legisladores se pronunciaron por crear una Contraloría Social de Productores en las fronteras del país, a fin de vigilar el paso de las mercancías, y por reformar la Ley de Amparo para eliminar las suspensiones provisionales que obtienen los importadores desleales, temas que ya están a discusión en el Congreso.
