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MÉXICO, DF.- A dos semanas de que entre en vigor la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Condusef monitorea que los bancos sean claros en la información sobre comisiones y tasas de interés que aplican a sus clientes.
Óscar Levín, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), adelanta que si bien este órgano no tiene facultades para verificar el cumplimiento de la Ley, ?sí podemos monitorear y solicitar a los bancos que envíen un formato del estado de cuenta en el que tendrán la obligación de detallar los cobros y costos inherentes al crédito?.
También se orientará a los usuarios sobre los alcances de la Ley. Luis Fabré, vicepresidente de la Condusef, aclara que esta dependencia no tiene potestad para sancionar o vigilar; eso lo hace el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
?Pero vamos a observar si efectivamente hay precisión en el informe de los intermediarios, de lo contrario se hará una recomendación o bien se notificará al Banco de México para que éste lleve a cabo las acciones pertinentes?, agrega.
Las normas para la transparencia obligan a los intermediarios a informar sobre los costos y comisiones de los servicios que proporcionan; prohíbe realizar prácticas discriminatorias, cobros diferenciados y faculta al banco central a regular las tarifas y cuotas interbancarias.
Un análisis del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer revela que si bien los bancos crearon una red de atención para sus clientes, esta legislación provoca algunas distorsiones al no permitir a las entidades establecer precios diferenciados.
En entrevista, Oscar Levín asegura que se hará un análisis para analizar el servicio que los bancos extranjeros ofrecen en otros países, ?porque tal parece que sí hay diferencias?.
También se refiere a la propuesta para reformar la ley de la Condusef y asegura que si bien el organismo opera adecuadamente con el andamiaje legal actual hay dos planteamientos que fortalecerían la atención a usuarios.
El primero se relaciona con el dictamen técnico y que ésta tenga naturaleza de título ejecutivo, es decir, que se cumpla.
Con este ajuste, agrega, se reducirá a la mitad el tiempo para resolver una controversia.
En la actualidad los juicios se llevan entre cuatro meses y un año. El segundo planteamiento se vincula con la facultad de atracción de pruebas.
