El motín que estalló el jueves pasado en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Torreón, obliga a dar una explicación sobre sus causas y consecuencias a las autoridades penitenciarias en el Estado de Coahuila. Como es del conocimiento, el evento tuvo como resultado la muerte de uno de los reclusos y fueron lesionadas al menos cuarenta personas, entre internos y elementos policíacos.
Como primera explicación, se dice que el conflicto obedeció a la lucha por el control del tráfico de enervantes al interior del penal. Lo anterior es motivo de alarma, porque implica una aceptación expresa de que en el interior del Cereso tiene lugar la distribución de estupefacientes, lo que cuestiona la labor de las autoridades y pone en entredicho el sistema de aplicación de penas en la entidad.
Lo anterior no es nuevo y de hecho, no es lógico que en nuestra comunidad en la que las élites políticas y sociales ofrecen escándalos cotidianos, podamos esperar que nuestras cárceles sean dechado de orden y virtudes cívicas. Sin embargo lo ocurrido enciende luces de emergencia que es necesario atender, porque los tiempos del viejo sistema de autogobierno de los presos se consideran superados.
Resulta obligada una exhaustiva investigación sobre lo acontecido, que arroje resultados satisfactorios para la ciudadanía. Corresponde a la Procuraduría de Justicia de Coahuila encabezar dicha investigación, con la participación de los Consejos Ciudadanos en materia de Seguridad Pública y de respeto a los Derechos Humanos y desde luego, de cara a la comunidad en su conjunto.
