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Movilizan tropas a Río para combatir a narcos

AGENCIAS

BRASILIA, BRASIL.- El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ordenó ayer el emplazamiento de miles de soldados federales en las calles de Río de Janeiro en medio de la creciente violencia provocada por las pandillas de narcotraficantes, dijo una vocera del Ministerio de Defensa.

Unos cinco mil 600 hombres están listos para ir a Río, aunque no se ha decidido aún cuántos participarán en la operación para ayudar a la policía local, superada en armamento por los delincuentes, dijo una portavoz del Ministerio de Defensa, quien agregó que podría comenzar la próxima semana.

La decisión subrayó la incapacidad de las autoridades del estado de Río de Janeiro en controlar partes de la ciudad, atrapada en un ciclo de pobreza, delincuencia y violencia.

La gobernadora Rosinha Matheus pidió en abril al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el envío de cuatro mil soldados, luego que una ola de violencia en la favela Rocinha, la mayor de Río, dejara una docena de muertos.

El incidente comenzó cuando una banda de narcotraficantes intentó copar los puntos de venta de drogas de otro grupo rival, lo que obligó a una operación con más de mil 600 policías para restablecer el orden.

Durante un enfrentamiento con la policía murió el entonces “capo” de Rocinha, Luciano Barbosa Silva, alias “Lulu”, pero su rival Eduíno Eustáquio de Araújo Silva, “Dudu”, ha escapado a la persecución de las autoridades.

Los ministros de Defensa, Jose Viegas y Justicia, Marcio Thomaz Bastos, harán un anuncio detallado sobre el despliegue militar en Río el lunes, dijo la portavoz.

En tanto la gobernadora Matheus se reunió ayer en Río con funcionarios de la Secretaría de Seguridad del estado, oficiales militares y asesores para discutir los detalles de la operación, dijo un portavoz.

“El Ejército no está preparado para esto, ellos no están entrenados para esto”, dijo en tanto Carlos Costa, del grupo de asistencia social y de derechos humanos Viva Río, que trabaja en las favelas de Río.

Luego de la violencia que estalló en abril la policía de Río ha realizado incursiones en los puntos problemáticos de la ciudad, utilizando una fuerza de unos 850 hombres y el ejército colaboraría en esas acciones.

Los narcotraficantes dominan las favelas y obligan incluso a sus habitantes -en general trabajadores de escasos recursos- a obedecer sus órdenes de realizar paros.

Las bandas cada vez consiguen armamentos más sofisticados. El lunes pistoleros dominaron a la guardia de un arsenal de la Fuerza Aérea y robaron una camioneta cargada de fusiles.

La policía, en otro incidente, encontró dos lanzadores de cohetes antitanque de fabricación estadounidense en una favela, junto a fusiles de fabricación brasileña y otros importados. En abril las autoridades se incautaron minas antipersonales y 100 granadas en otro barrio pobre.

Prófugo quema a cuatro niños

Un delincuente que acababa de huir de una cárcel cercana a la ciudad brasileña de Porto Alegre, prendió fuego ayer a una casa en la que había cuatro niños que murieron carbonizados, informaron fuentes policiales.

Marcio Cardoso, de 18 años, había escapado del Instituto Penal de Mariante hace dos semanas y fue capturado cuando las llamas que había provocado aún no habían sido apagadas por los bomberos.

Según fuentes oficiales, inicialmente dijo que prendió fuego a la vivienda “porque le había prometido al diablo un cuerpo a cambio de su libertad”.

Sin embargo, luego afirmó que el padre de los cuatro niños, que tenían entre 12 y seis años de edad, le debía 200 reales (unos 70 dólares) y se negaba a pagarle.

El padre de los pequeños, Celso Da Silva, negó conocer a Cardoso y dijo que antes de prenderle fuego a la casa había entrado en ella con intención de robar.

Agregó que fue golpeado por Cardoso, perdió el conocimiento y lo recuperó cuando la casa ya ardía. Logró escapar, pero dijo que no tuvo tiempo ni forma de ayudar a sus hijos.

Cardoso, que ya tiene una condena a diez años de prisión por un asesinato, ahora puede recibir otra pena de entre 12 y 30 años, esta vez por cuádruple homicidio calificado.

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