Aunque tardía, es útil la creación de una fiscalía federal especializada en la investigación sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. Su instalación no riñe con las tareas confiadas a Guadalupe Morfín, Comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. La fiscalía, agencia del ministerio público, se encargará de las averiguaciones previas en los casos atraídos por la Procuraduría General de la República, y que se refieren a crímenes ya cometidos y que permanecen impunes.
De suyo, la privación de la vida de una persona es delito que corresponde al fuero común, y durante años las investigaciones sobre las muertas de Juárez correspondieron de modo mecánico e inercial a la procuración local de justicia, que en muy pocos casos llegó a consignar a presuntos responsables (y en menor número aún lo hizo combinando eficacia y respecto a los Derechos Humanos). Sólo recientemente, ante la presión social causada por la inacción gubernamental frente a este fenómeno, se creó una fiscalía mixta (con personal local y federal). Ahora se ha dado un paso más, al instituir la fiscalía especial: en circunstancias específicas, por la personalidad jurídica de las víctimas o de los verdugos, o por el uso de armas cuyo uso se rige por legislación federal, la PGR puede atraer los casos respectivos y lo hizo ya. Pero hacía falta responsabilizar a una funcionaria específicamente de tales casos. Cuando fue designada la ex ombudsman de Jalisco como comisionada, se generó una expectativa infundada, o peor todavía, una confusión a partir del supuesto de que las indagaciones ministeriales iban a ser parte de su labor. Pero las suyas son de índole más alta que las correspondientes al ministerio público. Por eso no estorba, sino lo contrario, que se haya designado a una fiscal especial, en la persona de María López Urbina. Ella cumplirá funciones específicas, cuyo curso y resultado conciernen a la Comisionada, pero en el entendido de que a ella incumben responsabilidades que no sólo consisten en inducir el esclarecimiento de los crímenes ya cometidos, sino contribuir a la creación de un clima que evite la comisión de nuevos delitos de esa naturaleza. Como lo dice el título de su encomienda, su función consiste en prevenir y erradicar la violencia de género.
Sus funciones implican una coordinación de los esfuerzos federales en torno de aquel ruin fenómeno. Y si bien el ministerio público está dotado de autonomía técnica que no lo hace dependiente, en esa perspectiva, del Gobierno Federal, no es buena señal que la creación de la fiscalía especial ocurriera sin la información pertinente a la comisionada Morfín. Con toda razón, por lo mismo, la defensora de Derechos Humanos expresó su reticencia: “No he sido parte de su diseño y me preocupa que no se incorpore a las víctimas de la ciudad de Chihuahua en su mandato. Nos hubiera gustado enterarnos de que hubo un diálogo abierto con los directamente afectados, para su creación”.
Al hablar el viernes pasado en la toma de protesta de López Urbina, la Comisionada fue más allá: “Antes de la creación de la fiscalía hubiera preferido —puntualizó— a través del análisis que...me corresponde hacer de las causas estructurales de la violencia, me hubiera gustado aportar otras fórmulas de intervención federal, sin dejar a un lado el fortalecimiento y capacidad de rectificación y asunción de responsabilidades de las instituciones locales”.
(Para paliar la desconfianza respecto de las fiscalías especiales, que expresó la Comisionada, y está en el ánimo de buena parte del público, debe recordarse que al menos dos tuvieron éxito en sus investigaciones: por un lado, el luego ministro de la Suprema Corte de Justicia y hoy diputado federal, Miguel Ángel García Domínguez encontró responsabilidades en el jefe de la policía política por el asesinato del periodista Manuel Buendía. Y el ahora presidente del PRD, Leonel Godoy hizo lo propio con quienes ultimaron a Francisco X. Ovando y Román Gil Heraldez, responsables de la planeación electoral del FDN, en 1988).
Sin embargo, la comisionada Morfín y la titular de la fiscalía especial, María López Urbina se expresaron buenos propósitos para la tarea que, cada una en su competencia, tienen delante de sí. Por supuesto que no basta declarar, y menos declamar, un objetivo plausible y la oferta de cierta conducta para que los demos por ciertos. Pero en esta etapa sólo examinando palabras podemos fiarnos o no de las decisiones en curso para atacar los diversos problemas a que se enfrentarán estas dos abogadas.
En la misma línea ofrecida por el general procurador general Rafael Macedo de la Concha (que la instruyó a prestar plena colaboración a la Comisionada), la titular de la fiscalía especial anunció que trabajará “coordinadamente” con Guadalupe Morfín y definió: “Nuestras funciones son complementarias y ambas figuras corresponden al esquema integral planteado por el Gobierno Federal para atender, con una visión holística, la grave problemática social que subyace en los homicidios de mujeres de Ciudad Juárez, problemática de la que dichos homicidios son sólo la punta del iceberg”.
Mexiquense, graduada en la Universidad de su tierra natal, la fiscal especial tiene, antes de los cuarenta años de edad, una vasta experiencia en averiguaciones previas. Era delegada de la PGR en Coahuila y su desempeño, explicó la Procuraduría, fue la base de su designación. Ofreció resultados. Se necesitan.
