“La manera de morir puede ser más triste que la propia muerte”. Marcial
El Instituto Mexicano del Seguro Social está condenado a muerte. Será una muerte lenta y por eso no se le prestará la atención política suficiente. Pero con el rechazo del sindicato a un cambio de reglas en su régimen de pensiones, la suerte está echada. La condena a muerte es principalmente responsabilidad de los políticos y anteriores directores del IMSS, quienes desde hace décadas establecieron reglas que garantizaban la quiebra de la institución, pero también del sindicato, que no ha aceptado cambiar estas reglas.
El régimen de pensiones de los trabajadores del IMSS -cuidado, no de los derechohabientes— está acabando con una de las instituciones sociales más importantes de nuestro México. El Seguro Social se creó en 1943 con la idea de proporcionar servicios de salud y jubilación a los trabajadores mexicanos. Se trataba de un organismo tripartita —con participación del Gobierno, las empresas y los trabajadores— pero al final el proyecto fue secuestrado por los políticos y por los burócratas de la propia institución.
Los políticos, buscando hacer caravana con sombrero ajeno, otorgaron prestaciones cada vez más generosas al sindicato sin hacer las reservas necesarias para pagarlas en el largo plazo. Los burócratas, unidos en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se han negado a hacer las adecuaciones a un contrato financieramente insostenible. De esta manera una institución que debería ser propiedad de sus 15 millones de derechohabientes ha sido secuestrada por un sindicato que tiene actualmente 375 mil trabajadores en activo y 110 mil jubilados.
Las reglas del IMSS no están hechas para favorecer a los 15 millones de derechohabientes sino a los 485 mil trabajadores y jubilados de la institución. Los derechohabientes se jubilan a los 65 años de edad; los trabajadores del IMSS a los 53 en promedio, ya que pueden retirarse a los 27 ó 28 años de trabajo -dependiendo si son mujeres u hombres— sin importar la edad que tengan. Los derechohabientes jubilados reciben apenas una porción del sueldo que ganaban cuando laboraban; los sindicalizados, con las prestaciones, más del sueldo que percibían en activo.
La dispendiosa generosidad del IMSS con sus trabajadores sindicalizados podría ser simplemente injusta, en contraste con el trato a los derechohabientes, pero es también insostenible. Los políticos que al buscar el apoyo del sindicato le dieron a sus trabajadores estas generosas prestaciones no tomaron medidas para crear las reservas que hubieran permitido enfrentar los costos futuros. No lo hicieron porque esto habría obligado a elevar de manera muy importante las cuotas. Y a los políticos mexicanos les gusta repartir beneficios pero no cobrar lo necesario para pagarlos.
El sistema de pensiones de los trabajadores del Seguro Social podía funcionar mientras había pocos jubilados. En 1976 por cada 16 trabajadores en activo había un jubilado; hoy hay tres en activo por cada pensionado. Para la década de 2010 habrá sólo un trabajador por cada jubilado. En esa década, de hecho, llegará el momento en que todos los ingresos del Seguro Social tendrán que usarse para pagar la nómina y las jubilaciones. No quedará dinero para una curita o para una aspirina. Los derechohabientes y las empresas tendrán que seguir pagando cuotas pero sin recibir ningún servicio a cambio.
Contablemente, el Seguro Social ya está quebrado. Su patrimonio era ya negativo, en 153,695 millones de pesos, a fines de 2002. Y el quebranto está creciendo a un ritmo de 40 por ciento al año, porque nadie se atreve a reconocerlo.
El actual Gobierno no tiene ningún incentivo para arreglar el problema, como tampoco lo tuvieron los anteriores. Una solución real, que rescate al Seguro de la quiebra, obligaría a rescindir el contrato colectivo de trabajo del IMSS. Pero esto haría que los 485 mil trabajadores y jubilados del sindicato se lanzaran a las calles en protesta. Y el nuestro es un Gobierno que tiembla cada vez que hay una manifestación. La gran tentación del presidente Fox, por lo tanto, es hacer lo que hicieron sus predecesores priistas: lavarse las manos y endosarle el problema al siguiente Gobierno. Pero mientras cada mandatario elude su responsabilidad, el monto del quebranto del Seguro Social sigue creciendo.
La Haya
El Tribunal Internacional de La Haya le ha dado la razón a México al establecer que a los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos se les negaron sus derechos consulares. Pero Estados Unidos es un país que, pese a ser signatario del Tribunal, nunca acepta las determinaciones de tribunales e instituciones internacionales.
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