La política y sus instrumentos electorales esperaron más de setenta años para ser reformadas. En ese largo lapso hubo dos responsables principales: el autoritarismo presidencial y el acatamiento obsecuente de sus órdenes por el Partido Nacional Revolucionario Institucional y sus dos causahabientes.
Fueron tan fuertes estos factores antidemocráticos, que aún subsisten en varios órganos gubernamentales. En aquellos años los coahuilenses tuvimos mala suerte con la diacronía de fechas para las elecciones estatales y federales. Bien sabemos que otrora, el presidente de la República designaba cada seis años a los gobernadores de Coahuila, vía PRI, en el penúltimo año de su sexenio; luego, el aspirante a gobernador hacía una campaña muy tricolor en la entidad y resultaba electo “por el pueblo” cuatro meses antes de que el mismo presidente de la República destapara al candidato presidencial que lo sucedería, también por conducto del PRI.
El nuevo gobernador coahuilense era, en relación al primer mandatario de la nación, “hijo por un año y entenado por cinco”. Cuando el flamante gobernador coahuilense se acercaba a Palacio Nacional a pedir apoyo al presidente que lo había designado, éste le respondía: “Hermano, estoy cerrando libros. Lo más que puedo hacer es recomendarte con mi sucesor”. Pero en cuanto el “sucesor” ascendía al poder presidencial, el gobernador sentía un frío gélido en las relaciones con el centro.
Así pues, los siguientes cinco años del gobernador de Coahuila se le iban en ruegos inútiles de respaldo, hasta que se convencía de que no iba a sacar nada. “Con que no te quite la chamba, date por servido”, decían con un mohín de indiferencia los secretarios de Gobernación a los implorantes mandatarios coahuilenses... y en esos lacrimeantes tangos se les iba el tiempo. Ya para salir de la presidencia de la República el licenciado Ernesto Zedillo le cambió la suerte a Coahuila: Zedillo abdicó su gran poder y el PRI se acordó de sus militantes y depositó en ellos la facultad de elegir a sus candidatos. Nuestro estado fue uno de los primeros en probar una elección interna abierta a la membresía priista y a los ciudadanos. Así llegó a la candidatura del PRI y posteriormente al Gobierno del estado de Coahuila Enrique Martínez y Martínez, quien, si otra cosa no sucede, podrá tener la magnífica oportunidad de observar, desde su barrera de primera fila, la elección interna del PRI y su consecuente proceso constitucional. En 2005 el Congreso del Estado convocará a elegir gobernador y casi en paralelo los partidos políticos tendrán que designar candidatos para ese cargo.
Será pues una compleja e intensa actividad la que viviremos los coahuilenses el próximo año, ya que además de elegir gobernador también votaremos por presidentes municipales, por ayuntamientos y por diputados locales; pero antes y en todos los casos, los partidos políticos seleccionarán a sus candidatos y tratarán de llevarlos al triunfo por medio de las urnas. Respecto a este proceso interno de los partidos se corre el riesgo de que los mandamases quieran tener métodos más baratos, menos complicados de organizar y más convenientes a sus intereses; aunque el sistema democrático exija que en las organizaciones políticas la selección de candidaturas se conduzca en elecciones abiertas, libres y secretas en las cuales participen todos sus militantes.
Ya quedaron atrás los sistemas autoritarios, siempre útiles a dedazos e imposiciones y en todos los partidos se clama por la democracia, si bien no todos sepan qué cosa es o con qué se come.
En los pequeños partidos, que sólo Dios sabe cómo logran mantenerse vivos en el registro de instituciones electorales, sigue siendo de uso común el sistema de alcanzar privilegios y posiciones por medio del escándalo periodístico y el chantaje político. Si no lo cree, veamos, nada más, el desfiguro recién hecho por nuestra legislatura local a propósito de la integración de la Comisión Permanente: dicen que inician ya una reforma a la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Congreso con el objeto ampliar, hasta 11 diputados, su composición en períodos de receso -casi la tercera parte de los legisladores que integran el pleno del Congreso del Estado- en un trabajo de mero contentillo hacia uno de los partidos que obtuvo menos votos en las elecciones de 2002.
¿No les parece una falta de respeto a nuestra carta magna local, sobre todo si la provoca una mal dada intención de incumplir las disposiciones vigentes? Paradójicamente en el Congreso no manda la mayoría sino la minoría. Quienes son más, en curules y en votos, se pliegan al capricho de los que son menos. Ello, por desgracia, está muy lejos de constituir una práctica democrática.
