Las bandas que trafican con drogas no disponen sólo de armas de fuego para proteger su negocio contra autoridades y competidores. También infiltran a las corporaciones encargadas de perseguirlos, para disponer de información oportuna y para contar con protección aún física. Y utilizan no sólo los medios de defensa jurídicos a que tienen derecho durante sus procesos (y también los arbitrios ilícitos) sino que, como si fueran ciudadanos inermes e indefensos ante el poder, se quejan ante la opinión pública.
No parece casual que Osiel Cárdenas Guillén, un capitán de mercaderes de drogas, preso en La Palma desde marzo de 2003, aparezca formulando un alegato contra la Procuraduría General de la República precisamente al día siguiente de la comisión de un notorio ajuste de cuentas en Sinaloa (y su secuela). En su mensaje al Presidente de la República trata de ganar comprensión y aun conmiseración del público al que se dirige explotando la triste o mala fama que afecta al ministerio público en general, y el federal en particular.
En sábado y domingo, once personas fueron asesinadas en Sinaloa, con extrema violencia: El sábado once, ocho murieron en una refriega en que se dispararon cientos de tiros y se emplearon granadas de fragmentación. Un comando iba en pos de la vida de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano menor de Amado, “El señor de los cielos”, mote blasfemo del jefe de la banda de Ciudad Juárez, muerto en la mesa de operaciones en 1997.
El atentado dio en el blanco: cayó Carrillo, y su principal guardaespaldas quedó gravemente herido y podría haber muerto a la hora de escribir estas líneas. Pedro Pérez López ya no era, como lo fue, comandante de la policía ministerial pero no se había alejado de la corporación, pues contaba con identificación oficial, arma de cargo y equipo de radiocomunicación, además de ser acompañado por un agente de la policía en activo, que no fue herido pero desapareció. Los más de los atacantes huyeron, perseguidos por la policía, que causó algunas bajas. Otros escaparon, pero tres no fueron muy lejos.
Anteayer en un campo agrícola en el municipio de Navolato, no lejos de Culiacán, aparecieron sus cuerpos, con las manos atadas a la espalda, en clara señal de ejecución. Cerca de allí se encuentra la finca Santa Aurora, propiedad de la familia Carrillo Fuentes, donde se esperaba recibir el cuerpo de Rodolfo, prófugo de la justicia, pues había en su contra una orden de aprehensión de fecha 21 de diciembre de 2001, no obstante lo cual había ido tranquilamente al cine con su esposa, también muerta en la refriega. Una agencia funeraria local recibió el pedido de instalar diez carpas, con mil sillas, para el servicio luctuoso, que se realizaría una vez liberados los cuerpos del servicio médico forense.
Navolato por cierto, fue la última sede del servicio prestado a Sinaloa por Sidharta Alfredo Walkinshaw, un joven comandante de la policía ministerial, asesinado en junio pasado, en Culiacán también, después de participar en una reunión de jefes de esa corporación. No es desorbitada la suposición de que Walkinshaw, reputado como probo y eficaz agentes policíaco, fue localizado con facilidad por información procedente de la policía ministerial misma, acaso de la propia reunión en que había participado minutos antes de ser asesinado. El dato cuadra con la posible conversión de Pérez López , o su descaro como guardia de narcotraficantes que tal vez lo era ya con anterioridad.
Por su parte, Osiel Cárdenas hizo publicar un amplio mensaje en una inserción pagada aparecida ayer (en El Universal). Puesto que se guarda muy bien de describirse a sí mismo, hay que recordar que es huésped del penal de alta seguridad de La Palma desde hace año y medio, cuando culminó una persecusión de años (en cuyo curso había detenido por lo menos una vez, aprieto del que escapó mediante un suculento soborno). Más que en México, era objeto de la atención de la DEA norteamericana, que lo tenía por uno de los principales capitanes de la droga en nuestro país, por cuya captura ofreció una abultada recompensa. Se le atribuía, en el mundo del hampa, el mérito de haber aproximado a las bandas del Golfo y de Ciudad Juárez, labor en la que no perseveró o que le fue dinamitada, pues los acontecimientos del fin de semana suponen un combate entre esos dos carteles.
El mensaje publicado por Cárdenas Guillén es una extensa carta dirigida al presidente Fox, ante el que denuncia sin precisar abusos de autoridad de que “son objeto mis familiares, defensores así como el propio suscrito”. En un hombre cuyo negocio (según los procesos formales a que está sujeto) consiste en la destrucción de seres humanos a través de los narcóticos, sorprende su alegato en favor de la familia en general, si bien se refiere a la suya propia. Acusa a la PGR de hostigar a sus parientes, a los que presenta en este enrevesado razonamiento como sujetos a “una tortura sicológica que provoca un debilitamiento físico y mental mediante una acción demostrativa de omnipotencia, indulgencia ocasional y estado de zozobra, lo que trae como consecuencia un desequilibrio físico-emocional y con ello romper con los vínculos de relación e interacción con los seres queridos del suscrito, ya que con este actuar lo que se implica es un temor fundado de ser detenidos o molestados injustificadamente y de esa forma ocasionar que el suscrito sea abandonado al no ser visitado por sus familiares...”. Pero no es un pobre reo indefenso. No. Ya veremos.
