En el marco de la lucha contra la venta de drogas al menudeo en Torreón, el cese definitivo de ocho elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia de Coahuila y la investigación que continúa respecto de otros cuatro agentes, ofrece materia de comentario. El procedimiento tiene lugar con motivo de la presunta protección de policías infieles a su misión, a favor del narcotráfico en la colonia La Fe.
Llama la atención que los policías cesados o suspendidos denuncian un trato desigual en la investigación respecto a los jefes o superiores, lo que confirmaría el principio de sabiduría popular según el cual “la cuerda se rompe por lo más delgado”. Señalan en concreto al que fue su comandante Ricardo García Lucero como caso de riqueza inexplicable, sin que a su decir se enfoque el proceso a dicho personaje.
El señalamiento es grave porque a la preocupación que supone el ilícito de que se trata, habría que sumar la ingerencia de intereses de más arriba que para preservar la imagen del Gobierno o por lisa y llana complicidad incurren en la actitud indicada. Esta posibilidad amenaza con hacer de este procedimiento un simple teatro, cuyo resultado será que la estructura narcopolicíaca permanezca intocada.
Los mandos superiores también deben ser objeto de escrupulosa investigación y ser llamados a cuentas para satisfacción de la ciudadanía. El solo fracaso en su labor de mando y supervisión sobre los subalternos les hace responsables de la situación en la esfera administrativa, con independencia de la conducta penal en que pudieran haber incurrido por dolo o negligencia.
