Además de que dejen de ser secretas, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos deben ser auditables, susceptibles del escrutinio permanente de los organismos de calización, de tal manera que la sociedad conozca el origen de los bienes que tienen los funcionarios, al ingresar, durante y término, de sus respectivas gestiones, para que los ?enriquecimientos ilícitos e inexplicables se investiguen de oficio?.
En tal virtud, se hace necesario revivir el añejo proyecto tendiente a reformar el marco jurídico correspondiente, de tal manera que las declaraciones de bienes a que están obligados los funcionarios públicos, dejen de ser el simple llenado de un documento que es archivado, y que nadie checa si los datos ahí anotados, obedecen a la realidad, o son falsos.
Entre los diputados del Congreso del Estado, sobre todo los de oposición, existe la opinión de que es necesario modificar la Ley en la materia, para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y representantes populares del estado y los municipios, realmente sean transparentes, con el fin de que haya congruencia con los avances que registra la administración pública.
Además, también el titular de la Entidad de Auditoría Superior, Daniel Rueda, al hacer notar que las declaraciones patrimoniales son una obligación personal de cada funcionario, y no de las instituciones, explicó que de acuerdo a la Ley, solamente cuando hay denuncias por enriquecimiento ilícito e inexplicable, se puede abrir determinado expediente. Pero de lo contrario, solamente se cuidará que se haya cumplido con el llenado y entrega de los formatos, de acuerdo a los tiempos establecidos.
Y al señalar que si se aplican sanciones para quienes incumplen con la disposición y entregan de manera extemporánea, o no lo hacen, sus declaraciones patrimoniales, el fiscal del Poder Legislativo recordó que hay por ahí algún proyecto para reformar el marco jurídico, y hacer públicos y auditables los bienes que manifiestan los servidores. Inclusive, agregó, que ya en algunas entidades del país, en Internet se dan a conocer las condiciones económicas de los integrantes de la administración pública estatal y municipales.
Pero aclaró que siempre está en el ambiente el riesgo de que los funcionarios con envidiable posición económica, puedan ser susceptibles de plagio, lo cual de alguna manera ha inhibido la modificación de la Ley para que las declaraciones dejen de ser secretas, pero además que también se puedan auditar. Desde su punto de vista, sería positivo que hubiera mayor transparencia, para que no solamente en caso de alguna denuncia penal, se tuviera la posibilidad de conocer los manifiestos de bienes de quienes ostentan o dejaron de hacerlo, en alguna función diferente al ámbito privado.
Precisamente, el diputado del Partido del Trabajo, Alfonso Mercado Chávez, al comentar lo anterior, señaló que ya no es válido el argumento de que las declaraciones patrimoniales sigan siendo confidenciales, para evitar los riesgos de secuestro, ya que desde su punto de vista, ?todos sabemos quienes poseen riqueza y posiciones económicas altas?.
El problema con tal secrecía es que algunos funcionarios se conviertan en ?personajes pudientes económicamente?, de un sexenio a otro, sin que se conozca el origen de sus bienes, y al no existir el marco jurídico que los obligue a transparentarlo, siempre habrá dudas para saber que determinado patrimonio es ?¿producto de qué??, enfatizó el legislador.
Desde su punto de vista, existe el consenso, al menos entre los diputados de oposición de la actual legislatura local, para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y cualquier otro ordenamiento que permita que las declaraciones patrimoniales sean públicas, pero también susceptibles de fiscalización constante.
Según encuestas que aplicó El Siglo de Durango entre la ciudadanía, el 95 por ciento se pronunció a favor de reformar la Ley para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios se hagan públicas, pero también sean susceptibles de fiscalización permanente. El 76 por ciento consideró que no hay transparencia en lo que se refiere a los bienes que ostenta cada servidor. Dijeron que es necesario obligarlos a cumplir, aunque también expresaron escepticismo de que aún con marco jurídico, haya confiabilidad en lo que manifiesten.
FUNCIONARIOS
Siempre al ?quince para las doce?
En la entidad, hay un patrón de tres mil 20 funcionarios públicos con la obligación personal de presentar su declaración de bienes, de acuerdo a los tiempos y formas que establece la Ley.
-La presentación de la declaración patrimonial siempre es al último día del plazo.
-Acude el 80 por ciento de los funcionarios el último día.
-Los servidores públicos tienen de enero a mayo de cada año, para presentar su modificación de la declaración patrimonial.
-Para 2004, al mes de marzo apenas habían dado cumplimiento al trámite ante la Entidad de Auditoría Superior, 313, que es poco menos del diez por ciento.
-En el presente 2004 el trámite será doble, ya que por ser término de administración, los que vayan a salir deberán presentar una declaración final, de junio a agosto.
-Desde enero se repartieron los formatos en las dependencias públicas.
-En ocasiones se quiere hacer responsable a las instituciones, cuando es de índole personal.
-De haber necesidad, en fecha próxima se les recordará sobre la obligación de llenar un formato por finalización de gestión.
FUENTE: Entidad de Auditoría Superior.
