A pesar de que ha corrido mucha tinta y transcurrido 15 días de que una turba linchó y prendió fuego a dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), y dejó gravemente herido a un tercero, en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, la población sigue conmocionada por la brutalidad de los vecinos y la ineptitud de los diversos cuerpos de seguridad pública para impedir la salvaje agresión.
Muchas son las versiones sobre la presencia de los tres agentes en ese lugar; que si investigaban cuestiones relacionadas con el narcomenudeo, que si trataban de esclarecer la presencia de algunos elementos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que si realizaban averiguaciones por su cuenta; pero cualquiera que haya sido la razón de su estancia en el poblado, es inexplicable que durante más de tres horas ninguno de los numerosos cuerpos de seguridad hayan podido rescatarlos. La propia jefa delegacional en Tláhuac no logró convencer a la multitud enardecida de que le entregaran a los policías.
Las fotografías de los hechos y el relato sobre éstos estuvieron en las páginas de los principales periódicos de América y Europa, como muestra de la inseguridad que se vive en la capital de la República y del mal Gobierno que padecemos sus habitantes. Además, no se trata de un caso aislado. Durante la administración del actual jefe de Gobierno se han registrado 24 casos de linchamiento con diversos pretextos, lo mismo en la delegación Tlalpan, que en Milpa Alta, Álvaro Obregón y hasta en el centro de la Ciudad, sin que en ningún caso, salvo el de hace 15 días, gracias a que la PGR atrajo la investigación, se haya detenido a ninguno de los responsables. La gente se hace justicia por su propia mano porque ya no cree en las instituciones que la procuran e imparten. La corrupción brota en todos los niveles de los cuerpos de seguridad de la capital a quienes la ciudadanía no les concede la menor credibilidad; teme desde el policía de la esquina hasta el agente del Ministerio Público; no se diga a los funcionarios del Gobierno central o delegacionales que, con honrosas excepciones, se dedican a extorsionar al ciudadano que se vé obligado a realizar algún trámite o a solicitar el auxilio de la fuerza pública. El Gobierno de la “honestidad valiente” está convertido en un pudridero que el “rayito de la esperanza” se empeña en ignorar, o bien en deslindarse de su responsabilidad y la de sus más cercanos colaboradores.
Sin voluntad política para poner orden en la Ciudad, el jefe de Gobierno está empeñado en atizar enconos sociales y en acelerar la descomposición del tejido social. El Distrito Federal tiene el mayor índice de desempleo; la inversión se va hacia otros lugares del país donde la tramitología es menos complicada y no existe el caos y la anarquía que se extienden cada día más por todos los rumbos de la Ciudad. El ambulantaje desordenado, los asaltos con violencia, la ausencia de áreas de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la justicia que inútilmente reclaman los ciudadanos agraviados, las obras inconclusas y mal planeadas que han distorsionado la vida de la Ciudad, la polarización del ingreso que profundiza desigualdades e irrita a casi toda la población, la falta de oportunidades para los jóvenes y la demagogia cotidiana del tabasqueño que encabezaba marchas de trabajadores petroleros, han agravado la difícil situación por la que hace varios lustros atraviesa la capital de la República. No se trata de que la represión sustituya a un sistema que hace agua por todos lados, pero lo menos que se le puede exigir al Gobierno es que garantice la seguridad de los gobernados; esa es la razón primordial de la existencia del Estado, la que explica su esencia y legítima, en el marco de las leyes respectivas, el uso de la fuerza pública cuando de ello dependen la estabilidad y tranquilidad sociales.
El “rayo de esperanza” promueve su candidatura a la Presidencia de la República, aun cuando le quedó muy grande el Gobierno de la capital. Su demagogia nos proporciona la seguridad de que la economía del país naufragaría en pocos meses si ese agitador tabasqueño lograra sus propósitos políticos futuros. Es necesario que se sancione a sus ex funcionarios corruptos cuyo manto protector ha retardado la aplicación de la justicia y se le finquen las responsabilidades que como jefe de Gobierno le correspondan. No sabemos ni el destino de las ligas con las que cargó su ex secretario particular, ni el número de empresarios que fueron extorsionados y que por temor callan su complicidad con los servidores públicos de este Gobierno. La Ciudad es un aversión; sus instituciones están degradadas como nunca lo estuvieron; el cinismo de quienes dicen gobernar desde el centro o las delegaciones ha llegado a niveles de escándalo.
Es tiempo de que el caudillo de Macuspana se regrese al edén.
*Diputado federal (PRI).
