Es preciso reconocer la versatilidad de los dueños del Partido Verde: sus negocios son de naturaleza muy variada. El principal, desde luego, consiste en vivir del presupuesto, a través del financiamiento a los partidos y de las prerrogativas de sus grupos legislativos. Pero igual que acabamos de conocer, en el episodio protagonizado por su mero presidente, su giro de gestor de proyectos de desarrollo (que ofenden el equilibrio ecológico), no nos sorprende que también hayan intentado abrir una sucursal, con el nombre de Partido Republicano, en que hicieron alguna inversión en espera de que les fuera tan rentable como la casa matriz.
Hace exactamente cinco años, el 26 de febrero de 1999, el Movimiento de Acción Republicana, encabezado por Francisco de P. León Olea, entregó cincuenta mil pesos a la empresa Levanta, S.C., que se ocuparía de hacer cumplir al MAR los requisitos para ser registrado como partido político. A mediados de aquel año, se habían cubierto sólo 145 mil del total pactado de 645 mil pesos. En enero siguiente, después de un semestre de esfuerzos, Levanta, S.C. creyó conseguir que mediante pagarés con vencimientos hasta febrero de 2001 le sería liquidado el adeudo. Pero ni siquiera le fueron devueltos los pagarés que envió para su firma. Eso no obstante, cuando León Olea reincidió en su intento de lograr el registro (esta vez para el Partido Republicano) solicitó de nuevo su auxilio a Levanta, S.C.
Esta empresa se comprometió a lograr poco más de 100 mil registros de electores. No era una operación ciudadana, en que activistas del partido hicieran proselitismo para consolidar a su organización. Era una actividad mercantil, en que Levanta, S.C. cobraría 35 pesos (más IVA) por cada registro, es decir un total de tres millones y medio de pesos.
No es una cantidad menor, sino al contrario asequible si se considera que el financiamiento público, aun el inicial, permite sentar las bases para la recuperación de la inversión. También como si se tratara de un negocio, el presunto Partido Repúblicano recibió dinero del Verde, que le sería devuelto con creces cuando la patente fuera lograda.
Jorge Emilio González Martínez comisionó a Manuel Portilla Diéguez para transferir dinero verde a la cuenta mancomunada que firmaban Santiago León Ave Leyra y Pablo César Vives Chavarría. La cuenta había sido abierta en la sucursal de Bancrecer en Plaza Duraznos, Bosques de las Lomas. Santiago León era a la sazón diputado local, a la Asamblea Legislativa y Vives Chavarría era su suplente. No obstante pertenecer al Verde, junto a Mario Hernández Torres organizaron asambleas del Partido Republicano, que finalmente no obtuvo su registro. Por lo demás, León Ave Leyra es hijo de Francisco de P. León Olea.
Otras operaciones del Verde, en cambio, resultaron exitosas. Cooptaron al empresario Juan Ignacio García Zalvidea, veterinario exitoso que en julio de 2000 fue elegido diputado por el primer distrito de Quintana Roo, con cabecera en Quintana Roo, postulado por el PAN. No hizo huesos viejos allí: en octubre de 2001 se pasó al Partido Verde, en cuya planilla fue elegido alcalde de aquel balneario en febrero de 2002, junto al regidor Julio Rodríguez y otros a los que González Martínez se comprometió a convencer para conseguir los permisos en canje de los cuales obtendría dos millones de dólares.
El presidente del PVEM accedió a recibir a un empresario, socio de León Olea, conducido ante él por el ex asambleísta. Lo primero que se percibe en la grabación preparada por el propio León Ave Leyra es la naturalidad del encuentro. Contrariamente a la ingenuidad alegada ayer por González Martínez, el modo de obtener información que se percibe en el video revelado anteanoche lo muestra interesado en tasar la mordida que finalmente demandará abiertamente: dos millones de dólares a cambio de los permisos para obtener los cuales él enviará “a una gente” a persuadir a los regidores.
El senador presidente del partido confesó su falta, a pesar de pretender lo contrario, al declarar que no recibió dinero alguno. No se le señaló por la consumación de la trapacería en cuya concertación se le pilló. Lo que inequívocamente se enseña es que González Martínez tiene hábito de escuchar ese tipo de demandas y ojo experto para calcular la participación que le corresponde por sus gestiones ante autoridades, o por otro género de negocios.
Quizá no haya consecuencia jurídica inmediata de esta cruda revelación del modo de actuar del dirigente verde. No es sencilla una denuncia penal que moviera al ministerio público federal a solicitar el desafuero del muy joven miembro del Senado (para favorecer al cual y a su grupo, fue preciso reformar la Constitución y abatir la edad en que se es elegible para el Senado, que era de 30 años y es hoy de 25). El Verde está hoy, más claramente que nunca, adosado al PRI, con el cual se alía en elecciones y en las cámaras y aun le presta (o alquila) su registro para que figuren como verdes diputados priistas como Fernando Espino Arévalo.
En la pista electoral se gestaba ayer alguna acción que permita que la reacción pública sobre la corrupción protagonizada por González Martínez no se quede en la impotencia. Los miembros del consejo general del IFE se reunieron ayer temprano, de emergencia, para abordar el asunto. Tienen delante de sí una ocasión de oro para cumplir el precepto que les ordena vigilar “que las actividades de los partidos políticos se realicen con apego a la Ley”.
